Contexto de un crimen anunciado

Contexto de un crimen anunciado 23. Marzo 2016 por Ralf Leonhard En la noche del 2 al 3 de marzo pasado, dos hombres armados penetraron a la vivienda de Berta Cáceres en el barrio Líbano de la ciudad hondureña de La Esperanza, departamento Intibucá, y la mataron. Aparentemente estaban informados de que sus dos hijas y su hijo que estudian en México y Argentina, luego de pasar las vacaciones con su madre, habían salido pocas horas antes. También sabían que las escoltas que de acuerdo con medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos debían acompañar a la activista, no estaban en sus puestos.

Berta Cáceres ya era un símbolo antes de su asesinato el 3 de enero. Era un símbolo de la resistencia indígena contra la destrucción del medio ambiente que demostró que la protesta no violenta podía conseguir algo a pesar de encontrar respuestas violentas. La cofundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) se había echado enemigos tanto al gobierno como a las poderosas empresas. Durante años había encabezado la resistencia contra el proyecto hidroenergético de Agua Zarca en el Río Gualcarque y logró mediante un bloqueo de carretera entorpecer las obras. Repetidamente los vigilantes de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) tanto como agentes de policía le habían proferido amenazas. Tanto más extraña el hecho de que las autoridades se empeñaron en investigar el crimen en una sola dirección: un conflicto interno de COPINH. Con encomiable celeridad detuvieron a Aureliano Molina Villanueva, dirigente de COPINH, quien – de acuedo con testigos - se encontraba a dos horas del lugar de los hechos a la hora del asesinato. Gustavo Castro Soto, activista ambiental, Coordinador de Otros Mundos/Amigos de la Tierra México y contraparte de la Fundación Böll en México, es el único testigo del crimen ya que estaba en la casa con Berta. Los sicarios le dispararon y la bala le rozó la cabeza. Los sicarios lo dejaron por muerto ya que la herida sangraba profusamente. La policía lo sometió a declaratorias de varias horas. En una carta abierta a los amigos, Gustavo Castro se queja: „Pero llegaron para que viera fotos y videos e identificar al asesino que me encontré cara a cara, pero lamenté que todos los videos y fotografías eran de las marchas del COPINH, para que señalara quién de ellos había sido. Pero no me han mostrado las caras de los dueños de las empresas o sus sicarios“. A pesar de que como sobreviviente del crimen se encontraba en sumo peligro, las autoridades le prohibieron salir del país durante 30 días. Lo poco que las autoridades están interesados en la seguridad de activistas ambientales queda en evidencia con el asesinato de Nelson García menos de quince días después. García era miembro de COPINH y colaborador de Berta Cáceres. No sorprende que de los más de 100 asesinatos de ambientalistas cometidos luego del golpe de Estado del 28 de junio de 2009, ninguno haya sido esclarecido. El gobierno los considera como enemigos. Regreso a la „República Bananera“ Honduras siempre ha sido considerado como el país más atrasado políticamente, hasta para estándardes centroamericanos: como la típica „república bananera“ donde los gobiernos se hacen y deshacen por órden de empresas transnacionales y donde las élites locales aplastan con violencia cualquier intento de protesta contra su voracidad económica. En los años 1980 Estados Unidos impusieron un proceso de democratización con el fin de crear un modelo capitalista al lado de la Nicaragua revolucionaria, tildada de „comunista“. Ese modelo se agotó cuando el Presidente José Manuel Zelaya en el año 2008 se desvió del consenso neoliberal, optó por entrar a la alianza económica alternativa ALBA de Hugo Chávez y provocó la ira de los empresarios al decretar el aumento del miserable salario mínimo en el sector privado. Los proyectos de privatización que prometían buenas ganancias a los beneficiados fueron parados. Y para colmo, Zelaya se propuso la reelección la cual era imposible sin enmienda constitucional. Esa reforma de la Carta Magna se iba a lograr vía consulta popular. En la víspera del referéndum sobre el sí o el no de dicha consulta, los enemigos de Zelaya pusieron en marcha un plan: Militares sacaron a Zelaya de su cama y lo llevaron al exilio en Costa Rica todavía en piyama. Como éste se negó a firmar su renuncia, los golpistas falsificaron su firma. Luego construyeron un caso de „legítima autodefensa“ para justificar el golpe. Honduras es el único país de la región donde el bipartidismo de la época colonial se había conservado. Los Partidos Nacional (conservador) y Liberal se turnaban en el gobierno. Los conservadores tradicionalmente se apoyaban en el latifundio y la iglesia católica mientras que los liberales tenían sus baluartes en las ciudades, promovían el comercio y trataban de reducir la influencia de la Iglesia. Esas diferencias ideológicas se han ido borrando en gran medida. No obstante, la Fundación Friedrich Naumann (FNS), cercana al Partido Liberal alemán (FDP), ha seguido apoyando al Partido Liberal hondureño. José Manuel Zelaya fue su consentido aunque, como terrateniente, no era el típico político liberal. No era previsible que se volcaría contra su propia clase social. Pero, una vez en el poder, Zelaya parece haber entendido que el tradicional clientelismo le estaba chupando la sangre al país. „Su análisis de la problemática del país fue correcto“, dijo un observador calificado, Christian Lüth, jefe de oficina de FNS en Tegucigalpa, un año después del golpe. Según Lüth, su error fue „no haber involucrado a todas las capas sociales en sus planes de cambio. Eso le rompió la nuca“. Lüth insistió que „nosotros como FNS no hablamos de ,golpe'. Eso fue un traslado de poder constitucional“, pero, en cuanto a los golpistas, no era erróneo decir „que son aquellas fuerzas que no tienen ningún interés en la apertura y el desarrollo de Honduras ni que el país salga de la pobreza y, ante todo, que todos los sectores sociales e ideológicos perticipen“. Lüth funge actualmente como responsable de relaciones públicas del partido ultraderechista AfD de Alemania. Pero lo que dijo en aquella tibia noche de junio en Tegucigalpa parecía ser su profunda convicción respaldada por su propia experiencia. La política como fuente de enriquecimiento Como Presidente interino los golpistas juramentaron a Roberto Micheletti, Presidente del Congreso y correligionario de Zelaya. No solamente se prestó como coartada constitucional del régimen golpista sino también sirvió a sus propios intereses económicos que estaban en juego. En los años 1980, Estados Unidos lo tenía bajo observación por supuestos vínculos con el Cartel de Medellín del narcotraficante Pablo Escobar. El embajador Hugo Llorens, tal como reveló Wikileaks años más tarde, informó al Departamento de Estado en un cable: "Mientras el presidente de facto, Roberto Micheletti y sus colegas se retrataban a sí mismos como profesionales de un gobierno honesto y eficiente, ellos parecen haber amañado tratos en la sombra que eran mayúsculos incluso para los estándares locales”. Y cita como ejemplo “la aprobación de un gran contrato hidroeléctrico con tan escaso beneficio para el Estado, justo una semana antes de que Micheletti terminara su interinidad como el régimen dejara la oficina“. El embajador se refería a la concesión de la licencia de explotación de la represa José Cecilio del Valle, un consorcio hondureño-italiano del que el propio Micheletti era socio, de acuerdo al Tribunal Superior de Cuentas hondureño. Micheletti sólo era la cara más visible de un grupo que veía sus intereses personales amenazados por Zelaya. Para decirlo con las palabras de Christian Lüth: „diez a 20 familias que gozan de grandes privilegios fiscales y que están empeñados en defenderlos“. Familias que, en algunos casos, pueden documentar sus títulos de tierra con patentes del rey español. La tierra hasta hace pocas décadas ha sido la principal fuente de acumulación de riqueza en América Latina. Últimamente, la antigua oligarquía latifundista – también en Honduras - ha diversificado sus fuentes de ingresos: la banca, negocios de importación y exportación, empresas de contrucción, minería. Para asegurarse del acceso a concesiones mineras o jugosos contratos de licitación pública, es indispensable el acceso directo al poder. Con la política imprevisible de Zelaya, ese acceso se había perdido. Los nuevos gobernantes se apresuraron a parar la redistribución de tierras iniciada por Zelaya en cumplimiento de una reforma agraria iniciada 50 años atrás pero nunca ejecutada. Como consecuencia, se agudizó el conflicto de tierras en el Bajo Aguán de la región Atlántica donde el magnate Miguel Facussé se comporta como un señor feudal apoderándose de vastas tierras destinadas a la reforma agraria y se las disputa a varias cooperativas campesinas. Pocos días después del golpe se firmaron también docenas de concesiones mineras. Una nueva Ley Minera del año 2013 acelera la aprobación de concesiones mineras. La ley no toma en cuenta el Convenio 169 de la OIT que exige la consulta libre e informada a comunidades indígenas antes de abrobar cualquier licencia minera a pesar de que Honduras ha ratificado el Convenio. Tampoco considera los parques nacionales, biósferas, terriorios indígenas o sitios arqueológicos. Más bien, la ley es declarada por encima de cualquier otra legislación que la contradiga; como la ley de municipalidades, de refugio de vida silvestre, ley forestal, acceso a la información; leyes que respaldan y dan una garantía social política y jurídica, no sólo a las organizaciones, sino a cualquier ciudadano y ciudadana. No sólo los recursos minerales han sido concesionados: también los ríos fueron entregados a la explotación para el lucro privado. Berta Cáceres denunció en 2014 que sólo en los departamentos de Intibucá, Lempira y La Paz, 17 concesiones para la explotación de ríos habían sido otorgadas. El 3 de mayo de 2014, en el municipio El Níspero, Departamento de Santa Bárbara, el ambientalista Rigoberto López fue brutalmente asesinado. Su cuerpo degollado fue encontrado con la lengua cortada – al estilo como las bandas mafiosas señalan a sus rivales que no permiten que se les dañe el negocio. López había luchado contra una mina de hierro en la montana de Quita Ganas que amenazaba con contaminar las fuentes de agua para varias comunidades de El Níspero. El Plan Nacional de Fomento de Inversiones 2010-2014 bajo el lema „Honduras is open for business“ abre el país para inversiones y privatizaciones en casi todos los sectores. Ofrece incentivos fiscales para la industria agrícola, el sector energético, el sector forestal, infraestructura, textiles, servicios globales (maquilas) y turismo. Con Coalianza se crea un ente para la conversión de empresas estatales en privadas o private public partnership. Los críticos lo ven como instrumento para la privatización de las ganancias y la socialización de pérdidas. Se puede partir de que los miembros y amigos del gobierno gozarán de acceso privilegiado a todos esos negocios. Green Grabbing El medio ambiente es visto más que todo como fuente de enriquecimiento. Ese concepto se manifiesta no solamente con la privatización de los ríos sino también en el acuerdo de cooperación firmado en agosto de 2013 en el cual el gobierno entrega determinados bosques al ejército para su explotación comercial. Muchos de los negocios se presentan como proyectos ecológicos. Hay que saber que Honduras es un país sumamente rico en bosques. Aproximadamente la mitad del país está cubierto con bosques latifolios o coníferos. El 40 por ciento se encuentra en propiedad privada, sólo el cinco por ciento está protegido por títulos colectivos o indígenas. Sin embargo, el 70 por ciento de los bosques húmedos tropicales está ubicado en territorio indígena. El pensamiento capitalista de la élite gobernante se posiciona en contradicción marcada con la filosofía de los pueblos indígenas. Sin embargo, ha encontrado un mecanismo para aparentar lo contrario. Naciones Unidas y el Banco Mundial apoyan en Honduras el programa de protección de bosques REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Degradation). Pero COPINH, la federación de organizaciones indígenas liderada por Berta Cáceres, rechaza ese programa en el contexto hondureño como ataque neocolonial a la tierra indígena. Berta Cáceres en entrevista en Viena hace cuatro años: Los proyectos de REDD no los han pedido las comunidades indígenas. Son un invento del capitalismo verde. Las comunidades lo que han exigido son soluciones para sus problemas como la invasión de sus tierras por las transnacionales. Los proyectos van a estar en manos de instituciones que representan la entrega de los pueblos indigenas y sus recursos como el Instituto de Desarrollo Forestal o la Secretaría de Recursos Nacionales y Ambiente. Han promovido la entrega de los recursos. En la lógica de REDD son ellos los que van a rectorar los proyectos. No hay garantia absoluta de respeto a los derechos indígenas. También en las mismas regiones están promoviendo la privatizacion de los ríos y explotación minería. El punto clave es que esos proyectos prohiben el uso tradicional y sostenible de los bosques a las comunidades indígenas. Para justificar la privatización, el gobierno y las empresas alegan un uso irresponsable del medio ambiento por los indígenas, tal como lo hace un documento del gobierno del año 2013: „La mayoría de los bosques y áreas protegidas se encuentra en territorios indígenas sin que su población garantice su uso sostenible“. El asesinato de Berta Cáceres ha provocado indignación a nivel mundial. Organizaciones sociales e incluso el Parlamento Europeo han exigido al Presidente Orlando Hernández que investigue el crimen y castigue a los autores materiales e intelectuales. Pero COPINH, en un comunicado del 6 de marzo, sigue escéptico: „Es claro que el estado Hondureño, el mismo estado que criminalizó a Berta Cáceres, el mismo estado que dio orden de captura a Berta, el mismo estado que la persiguió, que la amenazó, y que tiene responsabilidad por su asesinato no puede investigar a sí mismo“.