Las represas de la muerte
Minutos después de que publicamos esta nota, recibimos la noticia del asesinato de Nelson García, miembro del Consejo
Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH).
Los mensajeros de la muerte dejan a cinco niños sin su padre, un punto
más en un mapa obsoleto al momento de su publicación.
El 3 de marzo fue asesinada la luchadora social hondureña Berta Cáceres
por oponerse al megaproyecto hidroeléctrico de Agua Zarca que pretende
imponer la empresa Sinohydro Corporation, de capital chino, sobre las
aguas del río Gualcarque, custodiadas desde hace siglos por los
indígenas Lenca. En el ataque también fue herido el mexicano Gustavo
Castro, cuya retención en territorio hondureño, en calidad de testigo
protegido, ha suscitado indignación y temor por parte de las redes y
movimientos en las que el participa el coordinador de Otros Mundos Chiapas.
Y es que las amenazas que pesan sobre las y los defensores del agua y la vida en Centroamérica no son menores.
El mapa publicado en el marco del Día Mundial de Acción en Defensa de los Ríos, el 14 de marzo, por el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos
(MAPDER), al que pertenece Gustavo, da muestra de la actividad
sistemática de los mensajeros de la muerte –sicarios, policías y
militares– cuando se trata de imponer proyectos hidroeléctricos en un
país como Honduras.
Con el asesinato de Santos Alberto
Domínguez Benítes, en mayo de 2012, se desató una ola de violencia
contra miembros y simpatizantes del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), en el que militaba Berta Cáceres. Según el comunicado de la organización, el joven de 24 años había participado «con mucha energía y valentía»
en múltiples luchas del COPINH y fue muerto a manos de miembros la
Policía Nacional asignados al municipio de San Isidro del departamento
de Intibucá. Un año más tarde, en esta misma región, Tomás García
fue asesinado por el ejército cuando se dirigía a un bloqueo contra la
presa de Agua Zarca. Además de los actos de hostigamiento e
intimidación, vinieron los asesinatos de Irene Meza y Moisés Durón
Sánchez, William Jacobo Rodríguez y Maycol Ariel Rodríguez Gracía, de 15
años, por defender al sagrado río. En 2015 fue asesinado Juan Francisco
Martínez, quien se oponía a la hidroeléctrica Los Encinos sobre el río
Chinacla. Su comunidad ha seguido siendo objeto de ataques y amenazas.
En el mapa aparece el nombre de Justo
Soto, quien fue abatido por sicarios el 21 de enero de 2014. El
integrante de la Coordinadora Indígena del Poder Popular de Honduras
(CINPH) llevaba años luchando contra la presa binacional El Tigre,
proyectada sobre el río Goascorán, fronterizo con El Salvador. Soto
también se había involucrado en la defensa de la comunidad de Las
Minitas, amenazada por la industria hidroeléctrica. Tres semanas después
de su asesinato, el 16 de febrero, fue ultimado el coordinador del
Consejo Indígena Las Minitas, Pedro Pérez.
Llama la atención que la violencia
contra opositores a los proyectos hidroeléctricos, en su mayoría
indígenas Lenca, se ha agudizado desde 2009, año en que el gobierno de facto
aprobó la Ley General de Aguas que otorga concesiones sobre los
recursos hídricos. El gobierno instalado tras el golpe de Estado también
emitió el decreto 233 que deroga los decretos anteriores que prohibían
proyectos hidroeléctricos en áreas naturales protegidas. Entonces ¿puede
el Estado hondureño garantizar la seguridad de los activistas
ecologistas, o es más bien cómplice de los atropellos?
Proyecto Mesoamérica
La escala elegida por Geocomunes,
el colectivo que se encargó de elaborar el mapa, no deja nada al azar.
Al incluir a México, Centroamérica y Colombia, los cartógrafos cubrieron
el área correspondiente al Proyecto Mesoamérica que, según reza el
recuadro del mapa, fue lanzado en 2008 con el objetivo aumentar la
capacidad productiva de la región.
De acuerdo con la información recabada
por Bruno Acevedo, de la maestría en geografía de la UNAM, en
Centroamérica las plantas hidroeléctricas generaron 12,877 megavatios en
2013, lo equivalente al 47.3% de toda la energía eléctrica producida
ese año. En México más de 70% de la energía proviene de combustibles
fósiles, aún así lo que se genera con la fuerza de los ríos es cercano a
los 12 mil megavatios anuales. Lo central aquí es que, según el
tesista, el potencial hidroeléctrico de la región excede por mucho la
capacidad productiva instalada. En entrevista para SubVersiones, asegura
que «en los países centroamericanos y el sureste mexicano se pueden
producir 100 mil megavatios anualmente, lo cual explica la planeación y
ejecución de numerosos proyectos hidroeléctricos y su articulación
mediante el Sistema de Integración Eléctrica de los Países de América
Central (SIEPAC)».
Para Acevedo no cabe duda: el SIEPAC se
inserta en lo que antes se denominaba Plan Puebla Panamá (PPP) y que hoy
se conoce como el Proyecto Mesoamérica. El objetivo de la iniciativa
intergubernamental es integrar la red eléctrica desde el sureste
mexicano hasta Panamá para impulsar la producción agropecuaria,
industrial, el turismo y la urbanización. El autor de la tesis que
llevará por título Las bases económicas y políticas del nuevo imperialismo en Centroamérica asevera:
«La instalación de numerosas centrales hidroeléctricas y la articulación del sistema eléctrico están ocasionando cambios en la dinámica territorial que fortalecen a las actividades productivas caracterizadas por la internacionalización de las ganancias y la nacionalización de los conflictos»
Es precisamente la «nacionalización de
los conflictos» lo que vemos en el mapa, en el que Guatemala aparece
como el país más peligroso para los defensores del agua, la vida y el
territorio, con 13 opositores a proyectos hidroeléctrico asesinados. En
segundo lugar, Honduras, y en tercer lugar viene México con los 8
asesinatos que han enlutado los encuentros del MAPDER. Le siguen Colombia con 7 casos identificados y Panamá con 4. Aunque la lista no es exhaustiva –Geocomunes señala en su cuenta de Facebook que «este material sigue en construcción»
y pide «una disculpa por los posibles errores y olvidos»–, el ejercicio
de mapeo contribuye a visibilizar la violencia con la que se imponen
los megaproyectos en la región, específicamente las grandes presas
hidroeléctricas, casi siempre a costa de los pueblos y los territorios
indígenas de Mesoamérica.
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