Por Aldo Santiago, Heriberto Paredes y Susana Norman
Tomas Gómez Membreño es el coordinador
interino del Consejo Cívico de Organizaicones Populares e Indígenas de
Honduras (COPINH). Asumió ese papel después del asesinato de su
compañera Berta. En él, siempre cabe una sonrisa y un chiste, a pesar de
la fuerte presión que ahora recae sobre él. Cómo su compañera, él
también ha recibido amenazas. A las 11 de la noche nos recibe en la casa
de sanación que tiene el COPINH en la pequeña ciudad de La Esperanza,
capital departamental de Intibucá, uno de los 7 departamentos en donde
los lencas tienen su extenso territorio. Su autonomía y libre
determinación ahora estan amenazadas por alrededor de 50 proyectos «porque
allí abarca no solo proyectos hidroeléctricos, sino concesiones
mineras, eólicos, REDD+, AVA-FLEGT (comercio forestal para el mercado
europeo) y las ciudades modelo. Eso sabemos es un paquete de
privatización, concesionamiento y exterminio de nuestros pueblos porque
significa más del 30% territorio hondureño que esta entregado no a
nosotros, sino a mano de las empresas privadas» puntualiza Membreño.
El proyecto Agua Zarca, de la empresa Desarrollos Energéticos (DESA) es tan sólo uno más. En dichos proyectos tienen en común que son empresas que carecen de transparencia, tienen capital nacional y extranjero,
y han recibido sus conseciones ilegalmente, pues los pueblos indígenas
no han sido consultados, a pesar de que Honduras es firmante del Acuerdo
169 de la Orgnización Internacional del Trabajo (OIT). «Entre el 2006 y el 2007 realizaron cabildeos abiertos. Pero al participar los compañeros, de 800 sólo siete
personas estaban a favor del proyecto Agua Zarca. Terminaron la
votación a favor sólo los presidentes del patronato, secretario y
allegados del alcalde. Los cabildos abiertos no son lo mismo que la
consulta previa, libre e informada. Las comunidades han denunciado que
no ha habido consulta.Si preguntamos a la comunidad de Río Blanco, lo
primero que van a responderles que el río Gualcarque es sagrado y ahí
están los espíritus de las niñas, abuelos, y ahí está el espíritu de
Berta. Una protectora que antes denunciaba y ahora es una guardiana
cuidando el rio».
Fotografía: Heriberto Paredes
«Han asesinado a cinco
compas en Río Blanco, Intibucá. Pero también asesinaron a la
coordinadora general del COPINH; han asesinado las costumbres, han
atentado contra la soberanía alimentaria de las comunidades donde les
quitan sus tierras, donde les quitan sus cultivos o les tiran máquinas
encima. Generan sistematicamente genocidio contra las comunidades
indígenas. Para nosotros es fundamental que en memoria de Berta Cáceres
vamos a seguir en el proceso de defensa del territorio con la misma
dinámica del COPINH para enfrentar a este monstruo. Nosotros como COPINH
lo tenemos bien claro, no nos enfrentamos con las comunidades, sino
contra la privatización y consecionamiento de estas empresas que el
estado hondureño les dio a las empresas privadas no para beneficiar a
las comunidades, no para llevar escuelas, sino para llevar la muerte a
comunidades indígenas», continúa Tomás.
El
historial de agresiones comenzó desde la presentación del proyecto en
2010. Desde abuso de autoridad por parte de funcionarios públicos hasta
cuerpos de seguridad hondureños trabajando para DESA que invadieron las
ancestrales tierras lencas, cobijados por una sólida estructura
económica privada y militar estatal. El proyecto Agua Zarca es sólo uno
de las decenas de construcciones hidroeléctricas impulsadas por entes
financieros globales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de
Desarrollo en un proceso que busca rendir frutos para inversiones y
corporaciones trasnacionales respaldadas por corruptos sistemas
judiciales y el soporte de fuerzas estatales de seguridad financiadas,
entrenadas y armadas por Estados Unidos, Canadá y el mismo Banco
Mundial.
En
2011, cuando representantes de DESA presentaron el proyecto de Agua
Zarca en la comunidad de La Tejera en la región de Río Blanco, los
pobladores rechazaron la construcción pues para ellos el río Gualcarque
es sagrado. Pese a ello en diciembre del mismo año, en un acto de abuso
de autoridad, el alcalde municipal de Intibucá, Martiniano Domínguez
emitió el permiso de construcción del proyecto hidroeléctrico. La firma
del funcionario público iba acorde al proceso ilegal de compra de
títulos de tierra en el área de Río Blanco, acción que DESA comenzó
desde agosto de 2011. Los títulos, también emitidos ilegalmente por la
alcaldía de Intibucá, fueron concedidos a una familia rica del vecino
departamento de Santa Bárbara de apellidos Pineda Madrid, quienes
utilizaron violencia e intimidación contra la población lenca para
reclamar la propiedad del territorio y posteriormente venderla a DESA.
La concesión de estos títulos es una violación a la ley municipal de
1990 y al artículo 169 de la OIT, ratificado por Honduras en 1994. Otro
de los funcionarios implicados es Rigoberto Cuellar, quien al fungir
como Ministro de Recursos Naturales y Medio Ambiente, emitió permisos
para la construcción de Agua Zarca sin completar los estudios de impacto
requeridos por ley. Desde 2015, Cuéllar, ya como fiscal adjunto del
Ministerio Público, es investigado por su involucramiento en el
millonario desfalco al Instituto Hondureño de Seguridad Social.
Fotografía: Heriberto Paredes
DESA
es una empresa hondureña creada en 2009, la cual obtuvo el derecho de
uso del río, avalado por la aprobación de la Ley General de Aguas y el
decreto 233 (que prohibía la construcción en áreas protegidas)
promovidas por el gobierno resultado del golpe militar del mismo año, el
cual otorgó 347 concesiones hidroeléctricas en todo Honduras. Y
contando. Pese al respaldo estatal, la empresa se ha valido de artimañas
para obtener los títulos de propiedad de las tierras en el área del
proyecto a través de violencia, fraude e intimidación, actos permitidos
por las instancias gubernamentales locales e incluso promovidas por
funcionarios de Estados Unidos, como la embajadora Lisa Kubiske, cuando
en junio de 2013 declaró públicamente que «el gobierno (hondureño) debe
garantizar un sistema de justicia funcional que proceda contra aquellas
personas que motiven a los campesinos a invadir tierras», marcando
claramente la afectación a los intereses financieros estadounidenses en
proyectos hidroeléctricos, concesiones mineras y la expansión de
monocultivos de palma africana. Aunado a ello las declaraciones
recrudecieron las campañas de criminalización y agresiones contra
defensores de derechos humanos, tales como aquellos que integran el
COPINH y especialmente contra Berta Cáceres.
El proyecto AZ fue
aprobado ilegalmente y es ilegitímó. Nosotros hemos probado a nivel
juzgados, que ese proyecto es ilegal. Que también el ministerio público,
parte de la estructura del Estado ha dicho que es ilegal porque al
viceministro De Serna le dictaron auto de prisión preventiva. Desde ahí
verificamos nosotros que este proyecto es ilegal e ilegítimo porque no
ha habido consulta», destaca Tomás Membreño
Aunado
a la transformación del Estado hondureño hacia una corporación-Estado
que actúa bajo estructuras que imponen proyectos privados a traves de
instituciones públicas, se sospecha que ganancias de actividades
ilegales como el tráfico de drogas, es lavado e invertido en el corrupto
sector de la construcción, sobre todo de presas y minas. El mismo Banco
Mundial y la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el
Delito, a través del Programa de Recuperación de Activos Robados,
lanzaron un estudio donde analizan como las estructuras corporativas han
sido utilizadas para lavar billones de dólares de ganancias ilegales,
pese a ello no existen medidas globales reales en trasparencia
corporativa; entidades como Wells, Fargo, Citibank y el Banco de
América, por mencionar sólo algunos casos, se han visto involucrados en
escandalos de lavado de dinero.
Otro
ejemplo de como la corrupción se exhibe tal acto de exterminio es
representado con la imposición de la hidroelétrica de Belo Monte, en
Brasil, donde las mismas empresas que son investigadas por desvíos de
recursos en la Petrobras (Oderbrecht, Camargo Correa y Andrade
Gutierrez) son las mismas beneficiadas por la construcción de la presa,
la cual antes de comenzar a funcionar ya había comprometido y devastado
poblaciones enteras. Para los escépticos, la cereza en el pastel es
apenas la minúscula ventana sobre la voracidad del capitalismo global
evidenciado en las filtraciones de los Panama Papers un mes después del
asesinato de Berta Cáceres.
Otro
actor importante es el capital de origen canadiense, pues dicho país es
el segundo mayor inversionista extranjero en Honduras con más de 600
millones de dólares. También es el mayor inversionista en mineración,
liderea la industria de la confección y emerge como personaje clave en
la creciente industria del turismo en la costa norte hondureña. Es
razonable tratar el caso de Río Blanco como parte de una trayectoria más
amplia de Canadá en Honduras, especialmente porque DESA es financiado
por el Banco Interamericano de Desarrollo y el estado canadiense a
través del Fondo Climático Canadiense para el Sector Privado de las
Américas (Proyecto «Profile»). DESA es en parte, una empresa hondureña
financiada por el estado canadiense en un país donde compañias
hondureñas funcionan con frecuencia como filiales de las firmas
canadienses.
Fotografía: Heriberto Paredes
En
2015, el pueblo lenca de Río Blanco se enteró sobre otro proyecto
hidroeléctrico, esta vez en el río Canjel cerca de la frontera entre los
departamentos de Santa Barbara e Intibucá el cual estaba siendo
construido, por lo cual comenzó una serie de protestas para denunciar el
proyecto. La empresa Blue Energy, fundada por el inversor
estadounidense Peter Ochs, perteneciente a una firma de capital privado
con sede en Kansas, Capital III, junto a la compañia canadiense Hydrosys
Consultants con sede en Montreal, fueron las responsables de iniciar la
construcción sin consultar a la población lenca afectada.
Capital III planea
el financiamiento de cuatro presas en Honduras, tres de las cuales el
COPINH ha denunciado. Una de las mayores es la del Proyecto
Hidroeléctrico Zompopero el cual afectará tres departamentos hondureños y
representa una inversión de 50 millones de dólares. A su vez Hydrosys
Consultants está involucrada en por lo menos cinco hidroeléctricas en
Honduras y cuatro más en Centroamérica. Hydrosys fue contratada por Rio
Power S.A. propiedad de Fredy Nasser, yerno de Miguel Facussé, ambos
apoyadores, planeadores y ejecutadores del golpe de Estado en 2009.
Canadá ha desempeñado un rol activo en Honduras desde el azote del huracán Mitch
en 1998 y después del golpe de Estado en 2009. En 2014 el Consejo de
Asuntos Hemisféricos (COHA por sus siglas en inglés) reportó que «las
auto proclamadas fuerzas pacificadoras han construido una fortaleza en
Honduras a través de la inversión en industrias y el apoyo al gobierno
ilegítimo creado a raíz del golpe de estado. La relación de Canadá con
Honduras es un emblema de su desplazamiento en la comunidad
internacional, como una presencia imperial, estableciendo y expandiendo
industrias en países menos desarrollados a expensas de ciudadanos
locales y el medio ambiente. Canadá promovió una nueva ley minera post
golpe y después aprobó un acuerdo de libre comercio con Honduras para
promover las inversiones canadienses a pesar de las evidencias en serias
violaciones a los derechos humanos y ambientales.
Aproximadamente
fueron aprobadas 829 proyectos hidroeléctricos en Sudamérica, durante
2014, con un total de inversión de 22 billones de dólares. La fiebre en
la construcción de megaproyectos hidroeléctricos aparece después de que a
medidados de los 90 numerosas protestas consiguieron frenar la
estrategia impulsada desde el Banco Mundial. Fue cuando recibieron la
etiqueta de «energía limpia» como una solución a la crisis climática
mediante las negociaciones del Protocolo de Kyoto en 1997, ratificado e
impuesto por los acuerdos de París en diciembre de 2015 durante la
COP21, ya que las mega hidroeléctricas han recibido un mayor impulso y
financiamiento en busca de tomar ventaja a través de las nuevas
oportunidades de negocios creadas para simular la respuesta a la crisis
climática, donde las corporaciones son las beneficiadas por soluciones
de mercado como los Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL). Pero las
hidroeléctricas son todo menos limpias. en regiones tropicales como
Honduras son una enorme fuente de gas metano que agrava el efecto
invernadero de la atmósfera, además de que las mega hidroeléctricas
facilitan la extracción de combustibles fósiles como el carbón y el gas.
En Perú, Colombia y Brasil, gigantescas hidroeléctricas están siendo
construidas con la intención de generar energía barata para la industria
extractiva.
