Militarización, sicarios, negocios y Alianza por la Prosperidad en Honduras
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Por Aldo Santiago, Heriberto Paredes y Susana Norman
A raíz de la resistencia contra el
proyecto de Agua Zarca por los habitantes de Rio Blanco, la región ha
sido militarizada para imponer la construcción del proyecto
hidroeléctrico. No es sorpresa, por tanto, que altos miembros de DESA
posean influencia en la actuación de las fuerzas estatales de seguridad
hondureñas. El presidente de la junta directiva, David Castillo Mejía
fue ministro de gobernación durante el mandato de Ricardo Maduro,
mientras el secretario de DESA, Roberto Pacheco Reyes, es un oficial de
inteligencia militar. Pacheco también posee conexiones en el sector de
energía pues actuó en 2008 como coordinador de desarrollo para la
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), institución propiedad del
gobierno hondureño, la única restante controlada por el aparato estatal
en la región centroamericana.
La respuesta militarizada va de la mano
con la trayectoria del proyecto neoliberal promovido en 1992 tras la
aprobación de la Ley de Modernización Agrícola. Dictada por el Banco
Mundial (junto a un paquete de políticas de ajustes estructurales)
redujo los apoyos a los productores agrícolas locales y a su vez
incrementó el respaldo al sector de exportaciones, pero sobre todo
permitió vender tierras colectivas a inversores privados, lo cual ha
aumentado las luchas territoriales con muestras extremas de represión
por parte de empresas aliadas al estado hondureño como en la masacre de
campesinos en el valle del Bajo Aguán por parte de Dinant.
Existe
una estrategia de parte de empresas y organismos multinacionales para
fomentar el saqueo de recursos y la propagación de proyectos de
“desarrollo” que son un atentado en contra de la biodiversidad que
resguardan las comunidades originarias. Panorámica de la extensión de
palma africana en la región atlántica hondureña. Foto: Lucia Ramírez.
El conflicto por la tierra se remonta
hacia inicios de los cincuentas del siglo pasado. El presidente
guatemalteco Jacobo Arbenz promovió una reforma que otorgaba parcelas
sin usar de compañias fruteras hacia campesinos sin tierra, afectando
los interesés de la estadounidense United Fruit Company, lo cual provocó
el respaldo de Washington al golpe de estado de 1954. Al tiempo que la
marina de los EU patrullaban la costas centroamericanas en preparación
del ataque militar a Guatemala, estalló una huelga de trabajadores de la
United en Honduras; como respuesta la compañía decidió mecanizar la
producción y despedir a 15 mil trabajadores. Con el apoyo del gobierno
hondureño, muchos de los obreros comenzaron a trabajar las tierras
abandonadas por la empresa en tierras nacionales (propiedad del
gobierno) o ejidales (títulos colectivos, algunos con origen en tiempos
coloniales), las cuales hasta antes de 1990 fueron protegidas contra la
titulación a privados. Con la Ley de Municipalidades de inicios de los
noventas y la reforma agrícola de 1992 se aceleró la invasión de tierras
indígenas.
Y en 2009 el proyecto de saqueo tomó un
salto exponencial con el golpe de estado planeado por las trece familias
oligarcas hondureñas con la ayuda del departamento de estado de los
Estados Unidos, en ese tiempo con Hillary Clinton a la cabeza; el plan
incluyó utilizar el avión privado de Miguel Facussé, presidente de
Dinant para trasladar a Manuel Zelaya a la base militar de los EU
conocida como Palmerola y de ahí expulsarlo hacia Panamá. Con ello la
riqueza de Honduras se trasladó a la elite local y sus aliados
estadounidenses engrosando sus cuentas en bancos offshore
mientras los niveles de pobreza incrementaban. De acuerdo al Centro de
Investigación en Economía y Política, desde el golpe prácticamente 100%
de los ingresos se han concentrado en el 10% del sector más rico del
país.
Las elecciones de 2013, compradas por
Juan Orlando Hernández, vinieron a sellar la consumación del golpe
financiero militar, el cual se mantiene a fuego bajo el corrupto sistema
judicial hondureño (financiado por USAID), aparato direccionado a
brindar protección a la élite empresarial que criminaliza a más de 4 mil
campesinos (mil de ellos sólo en 2014) y es cómplice de los asesinatos
de terratenientes como Facussé, quienes utilizan a su antojo los cuerpos
de seguridad estatales. El gobierno de Hernández, bajo el mandato
neoliberal norteamericano, ha demostrado la necesidad de utilizar la
violencia y militarización para mantener los privilegios y aumentar las
ganancias de corporaciones globales, al establecer alianzas con fuerzas
israelíes y colombianas –además de estadounidenses– para entrenar al
ejército y policía hondureña en su tarea de reprimir a comunidades
indígenas, campesinas, negras y populares bajo estrategias de guerra de
baja intensidad donde actúan los fondos de apoyo de la USAID y la
Fundación Nacional para la Democracia, todo para consolidar lo que las
reformas de 1992 agudizaron: los tratados de libre comercio de América
del norte y de centroamérica, precedentes clave en el asalto corporativo
en el cual los acuerdos transpacífico y transatlántico representan su
fase global actual.
«La empresa ha exigido al Estado que
dote de equipo técnico y logístico a la policía y el ejércto porque ahí
se ve donde tienen toda la logística, tienen suficientes carros para
poderse movilizar y cuidar el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca. Cada
uno de los militares y policías les dan 1,000 lempiras por cada día y a
parte de darles la comida. La policía nacional, policía militar y
ejército se convierten en empleados de la empresa. Por eso ellos no
actúan contra los sicarios que ha contratado la empresa. Nosotros
decimos con argumentos que en diciembre de 2015 la policía agarró a uno
de los sicarios, que se llama Olvín y lo vino a sacar Jorge Ávila, el
jefe de seguridad de la empresa DESA. Le levantaron un expediente, lo
agarraron con fuertes armas, de grueso calibre, le preguntaron para que
las andaba, él dijo que para matar a los copines. Ahí esta la
evidencia y nosotros vemos que al ministerio público, le dieron 100 mil
lempiras para que desistiera, a la jueza también le dieron 100 mil
lempiras y este Olvin ya tiene tres personas que ha matado, uno de ellos
está ahí en la comunidad de Valle de Ángeles pero la empresa le dio 40
mil lempiras a la familia para bonificarle o supuestamente indemnizarla
para que no pusieran la denuncia contra él y lo dejaran preso. Se ve
como la policía y los sicarios, impunemente pueden actuar frente a ellos
y no hay decisión de quitarle nada. Vemos que en este país, los poderes
los tienen el poder económico y político, osea la empresa privada y los
políticos que son títeres» continua relatando Tomás Gómez a
Subversiones durante la entrevista realizada en el contexto del
Encuentro Internacional Berta Cáceres Vive.
Apoyadores
del proyecto hidroeléctrico se manifiestan al momento de la visita de
organizaciones nacionales e internacionales al río Gualcarque en el
contexto del Encuentro Berta Cáceres Vive. A pesar de las amenazas hacia
miembros del COPINH, la policial y ejército presente se negó a desarmar
a los agresores. Durante el regreso hacia los transportes que los
llevarían a Tegucigalpa, personas agredieron e hirieron a observadores
extranjeros, reporteros y miembros del COPINH. Abril 2016. Foto: Aldo
Santiago
«Las comunidades ya tienen electricidad
pero no es por hidroeléctrica Agua Zarca sino por la misma ENEE, pero
ellos lo van a utilizar para decir que si les estan dando. Y esta es una
interconexión centroamericana, esta la venden y las pruebas ya las han
estado haciendo. No, el proyecto Agua Zarca sino a nivel de Cohep
(Consejo hondureño de la empresa privada), que es la empresa privada que
mantiene la interconexión para Centroamérica en Santa Rosa Copán; por
eso hay apagones porque hacen pruebas. Eso (la energía) no va a ser para
las comunidades para esas listas que aparecen, sino eso ¿va a ser para
quién? Si allá los hermanos de Guatemala están luchando contra un
proyecto minero, esa luz va a ir ahí para generar energía eléctrica, si
en Santa Rosa del Copán hay una empresa minera esa luz la van a llevar
ahí, no es para la gente sino es para la misma empresa privada. Esa
lista que está ahí en el comunicado de FMO ya tienen luz eléctrica, es
solo para decir que sí (la empresa) están apoyando».
«Nosotros como COPINH hemos denunciado a
los EU que están por certificar el nuevo desembolso de la Alianza por
la Prosperidad que anda en alrededor de 750 millones de dólares para
toda la región del Noratlántico (El Salvador, Honduras y Guatemala).
Nosotros estamos haciendo todo el esfuerzo para que este proyecto lo
puedan parar porque no es más que la militarización, esto significa la
intervención de los EU hacia nuestro país para tener el control. Porque
estan asegurándose que todas estas concesiones que hay, sean instaladas
los proyectos y las hidroeléctricas y mineras. Por eso les interesa
mucho que avance el proyecto con el apoyo económico a Honduras con el
tema de la seguridad, la guerra contra las drogas, o sea con ese papel,
con ese lema quieren decir combatir la droga y criminalidad del país,
pero el interés de los EU es que hay empresas gringas, canadienses, que
se quieren instalar en nuestro país para sacar el oro, la plata, tierras
raras para hacer equipos de última tecnología, como teléfonos,
computadoras, etc».
«Pero el efecto que está generando es, a
nosotros como pueblo y comunidades indígenas, nos afecta con su lucha
contra las drogas como dicen los mismos EU, por lo tanto nosotros
creemos que la Alianza para la Prosperidad es una alianza para generar
más genocidio, más muerte a los defensores y defensoras que quedan en
total desprotección y asesinan».
«Las personas que contrata el sicario
Olvin, que tiene 20 personas a su alrededor; Olvin es el jefe de
sicarios o paramilitares. La empresa siempre contrata a empresas de
seguridad del país. Lo que les funciona es tener a los sicarios por un
lado que hacen rondines y amenazan, y que hacen listas, porque los
compas de Río Blanco encontraron unas listas donde aparece la compañera
Berta, en primer lugar que la iban a asesinar, luego apareciamos
nosotros, luego personas de la comunidad. A Berta le habían puesto un
precio de 30 mil lempiras, a otro compañero 20 mil lempiras, a mí 10 mil
lempiras y a los miembros de la coordinación del consejo indígena 5 mil
lempiras o sea precio por cada una de las cabezas. Si mataban a alguien
tenían el pago inmediato».
Tras la presentación a los medios de
comuniación de los detenidos implicados en el asesinato de Berta
Cáceres, y de realizada una primer audiencia el 6 de mayo, donde se
impuso detención preventiva a los indicados, el COPINH continuó con las
acciones de protesta para demandar la instauración de una comisión
internacional e independiente para encabezar las diligencias sobre el
esclarecimiento de los responsables materiales e intelectuales del
asesinato de Berta Cáceres, su antigua coordinadora. El 9 de mayo
durante una movilización a casa presidencial en Tegucigalpa, cientos de
indígenas lencas fueron brutalmente reprimidos por agentes militares y
el comando de operaciones Cobra, quienes lesionaron de gravedad a tres
miembros del COPINH, incluido un menor de edad con heridas de gravedad
en la cabeza. Además cuatro compañeros fueron secuestrados con destino
al CORE 7, conocido centro de torturas y detenciones arbitrarias durante
los años ochenta y noventa. Gracias a la persistencia de los
manifestantes los compañeros fueron liberados.
Protesta
del COPINH y organizaciones hondureñas e internacionales durante el
Encuentro Berta Cáceres Vive en Tegucigalpa. Abril 2016. Foto: Aldo
Santiago.
Durante las agresiones, uno de los jefes
militares del operativo exclamó que si el COPINH no se retiraba iban a
haber consecuencias graves y funestas. También ordenó a sus subalternos
que capturaran a Tomás Gómez, coordinador general del COPINH y a Gaspar
Sánchez, miembro de la Coordinación General de COPINH. De igual manera
mediante un comunicado la organización indígena denunció que después de
la movilización, miembros del COPINH han sido objeto de detenciones sin
fundamento así como de seguimientos y hostigamientos por parte de
agentes de la policía en un automóvil de placas CPDÑ 5419.
Estos hostigamientos se suman al intento
de asesinato de Alexander García Soto. El 6 de mayo el integrante del
COPINH de la comunidad de Llano Grande, Colomoncagua fue atacado a
balazos por un militar y guardia de seguridad que actúa contra miembros
del COPINH que defienden los ríos Negro y Chinacla, amenazados por una
represa hidroeléctrica de Gladys Aurora López, vice presidenta del
Congreso Nacional de Honduras. Alexander reportó la agresión a la
policía de Colomoncagua quienes capturaron al atacante a quien
posteriormente liberaron. Existe una amenaza permanente contra Alexander
pues el sicario se encuentra libre.
«[Las acusaciones] son el mismo
señalamiento, estando Berta ya nos señalaban, nos ofendían, nos
amenazaban y esto va en el mismo camino de la compañera Berta, ellos
quieren asesinar. El Estado de Honduras con sus aparatos del poder
judicial, el ministerio público, eso no hace nada, lo que podemos hacer
como COPINH es tomar medidas de seguridad pero también acusarlos y
evidenciar a estos tipos para que los conozcan publicamente quienes
amenazan, porque a estos no les importa amenazar o asesinarnos. Ese es
un patrón que las empresas impulsan porque se ven perdidas, si hacen
acusaciones a nosotros, pierden. Como no pierden es asesinando a la
gente, porque los intimidan y desaparecen del mapa, porque la empresa,
el papel que tenía era, que Berta desaparecia del mapa, o se fuera a la
cárcel o exiliada a otro país para que no estuviera en la comunidad. Son
los mismos patrones para intimidar y decir ‘lleven el mismo camino y
los vamos a seguir jodiendo o amenazarlos para que no esten en la
lucha’».
«Eso a nosotros no nos va a intimidar
sino que nos va a reanimar para seguir tomando estrategias,
posicionandonos y seguir con esa dinámica del COPINH, clara, desde su
visión y misión de enfrentar al sistema neoliberal como una organización
antipatriarcal, antineoliberal, antiracista, buscando nuevas formas de
alternativas para las comunidades indígenas. El COPINH se convierte en
una esperanza para el pueblo, para sus miembros y miembras».
«Un mensaje para los compas y
organizaciones, medios alternativos, es que primero deben de sumarse a
este esfuerzo y lucha, a difundir la información pero las organizaciones
a movilizarse a no dejar que se privaticen nuestros territorios,
nuestra agua, nuestro aire, nuestras tierras y territorio pero también a
tener una solidaridad militante, con acciones de movilizaciones, con
solidaridad de propuestas para enfrentar este sitema neoliberal, al
modelo extractivista que asesina, extermina la población y que está
enriqueciendo cada vez más a costa y sangre de los pueblos de
latinoamérica y del mundo que son los que sufren estos embates por las
concesiones mineras o por cualquier otro tipo de concensionamiento»
concluye el coordinanor interino del COPINH..
Por Aldo Santiago, Heriberto Paredes y Susana Norman
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