Congreso de EE. UU establece que el Poder Judicial y la policía hondureña están plagados de corrupción
Por: Redacción CRITERIO
redaccion@criterio.hn
El
Congreso de los Estados unidos al recibir la Ley “Berta Cáceres”
sobre los Derechos Humanos en Honduras, destaca en 19 puntos, que tanto
el Poder Judicial y la policía de Honduras están plagados de actos de
corrupción y de violación a los derechos humanos sin que el gobierno
haga mucho por resolver la situación.
En
el numeral 2 de esta legislación, el Congreso estadounidense determina
que: “Se ha establecido de manera amplia que la policía hondureña es
profundamente corrupta y comete con impunidad violaciones a los derechos
humanos, incluyendo tortura, violación, detención ilegal, y asesinato”.
“La
Ley de Asignaciones de 2016 asigna aproximadamente 18 millones de
dólares para la policía y las fuerzas militares de Honduras, además del
financiamiento no especificado proporcionado por la Ley Nacional de
Asignaciones para la Defensa del 2016; y la solicitud de financiamiento
del Presidente para el año fiscal 2017 pide un aumento en el
financiamiento a las fuerzas de seguridad en Honduras.
Además,
“se ha documentado ampliamente que el sistema judicial de Honduras está
plagado de corrupción. Jueces, fiscales y otros funcionarios están
relacionados con el crimen organizado y narcotraficantes, lo que
contribuye a la casi total impunidad”.
En
torno al asesinato de investigadores de delitos de narcóticos Julián
Arístides González y Alfredo Landaverde en el 2009 y 2011,
respectivamente, el proyecto de “Ley Berta” dice: “el Times sugirió en
un artículo posterior que el Presidente de Honduras había manipulado las
revelaciones para sus propios fines corruptos”.
Ayuda brindada a Honduras
El
Banco Interamericano de Desarrollo en el 2012 prestó 59.8 millones de
dólares a la policía hondureña, con el aval de los EE.UU.”
“El
actual gobierno de Honduras ha extendido tareas de la policía nacional a
las fuerzas militares, incluyendo la creación de una policía militar de
3.000 miembros, en clara violación de la Constitución de Honduras; y
con resultados desastrosos”.
Y concluye el documento que los repetidos esfuerzos para reformar la policía hondureña han fracasado.
Criterio.hn hace una traducción libre de la información
Congreso No. 114, Segunda Sesión
La
Ley “Berta Cáceres” sobre los Derechos Humanos en Honduras, pretende
lograr la suspensión de la cooperación militar y la ayuda en materia de
seguridad de Estados Unidos a Honduras hasta que cesen las violaciones
de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad de
Honduras y hasta que los responsables de estas violaciones sean llevados
ante la justicia.
EN LA CÁMARA DE REPRESENTANTES
14 de junio, 2016
El
Sr. Hank Johnson (en representación de sí mismo, el Sr. CONYERS, la
Sra. KAPTUR, el Sr. ELLISON, el Sr. SERRANO y la Señora Schakowsky)
presentó el siguiente proyecto de ley, que fue remitido al Comité de
Relaciones Exteriores y además al Comité de Servicios Financieros, por
un periodo cuya duración luego será determinado por Presidente de la
Cámara, en cada caso para considerar las provisiones que caben dentro de
la jurisdicción del comité pertinente.
Hank Johnson
El
proyecto es para suspender la ayuda de Estados Unidos a la policía y a
las fuerzas militares de Honduras hasta que cesen las violaciones de los
derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad de Honduras y
hasta que los autores sean llevados ante la justicia.
Este proyecto de ley podrá ser citado como el “Proyecto de Ley Berta Cáceres sobre los Derechos Humanos en Honduras”.
El Congreso de los Estados Unidos determina que:
(1) Se
ha establecido de manera amplia que la policía hondureña es
profundamente corrupta y comete con impunidad violaciones a los derechos
humanos, incluyendo tortura, violación, detención ilegal, y asesinato.
(2)
El New York Times reveló documentos el 15 de abril que indican que
altos funcionarios de la policía hondureña ordenaron el asesinato de los
investigadores de delitos de narcóticos Julián Arístides González y
Alfredo Landaverde en el 2009 y 2011, respectivamente, con el
conocimiento posterior de los altos mandos de la policía y,
aparentemente, de altos funcionarios del gobierno. Asimismo, el Times
sugirió en un artículo posterior que el Presidente de Honduras había
manipulado las revelaciones para sus propios fines corruptos;
(3) Integrantes
de la policía con antecedentes documentados de haber cometido con
impunidad graves violaciones a los derechos humanos siguen siendo
nombrados para altos cargos dentro de la policía,
(4)
Organismos internacionales de derechos humanos denuncian la impunidad
de las violaciones a los derechos humanos, incluyendo asesinatos, por
parte de militares y policía de Honduras. La Associated Press ha
documentado la actividad de los escuadrones de la muerte por parte de la
policía. Según un informe de Human Rights Watch: “El uso de la fuerza
letal por miembros de la Policía Nacional constituye un problema
crónico. Las investigaciones sobre abusos policiales han estado
caracterizadas por la ineficiencia y la corrupción. Se difunde muy poca
información al respecto al público y en general prevalece la impunidad”.
(5) Según
el informe del 2016 del Departamento de Estado sobre los Derechos
Humanos en Honduras: “La impunidad […] sigue siendo un problema grave,
dado que el enjuiciamiento en los casos de los militares y los policías
acusados de violaciones de derechos humanos se mueve demasiado lento o
termina sin resolución”.
(6) Los repetidos esfuerzos para reformar la policía hondureña han fracasado;
(7)
Derechos en Acción ha documentado que el XV Batallón de las Fuerzas
Armadas de Honduras presuntamente participó con la policía y las fuerzas
de seguridad privadas en algunos de los asesinatos de más de 100
activistas campesinos en el Valle del Aguán desde el año 2000. Human
Rights Watch confirma que los asesinatos de los campesinos del Aguán
permanecen en una impunidad total.
(8)
Abundan otros ejemplos de violaciones de los derechos humanos por parte
de los militares: en julio de 2013 miembros de las fuerzas armadas
mataron a tiros a Tomás García, un activista indígena lenca, e hirieron a
su hijo, mientras se manifestaban pacíficamente contra un proyecto
hidroeléctrico; en mayo de 2014 se informó que nueve miembros de la
novena infantería torturaron y mataron a Amado Maradiaga Quiroz y
torturaron a su hijo, Milton Noé Maradiaga Varela. Los casos permanecen
en la impunidad. En un caso emblemático reciente, del 27 de diciembre,
se informó que la armada hondureña mató a Joel Palacios Lino y a Elvis
Armando García, dos hombres garífunas afro-indígenas que se dedicaban a
sacar un carro de la arena en una playa;
(9)
El actual gobierno de Honduras ha extendido tareas de la policía
nacional a las fuerzas militares, incluyendo la creación de una policía
militar de 3.000 miembros, en clara violación de la Constitución de
Honduras; y con resultados desastrosos, incluyendo el asesinato de un
niño de 15 años, Ebed Yanes, en el año 2012, y de un estudiante, Erlin
Misael Carías Moncada, en el 2014, después de que habían pasado
desarmados por los puestos de control. Desde la creación de la policía
militar “denuncias de violaciones a los derechos humanos por parte de
los militares han incrementado de manera significativa”, informa Human
Rights Watch.
(10) Se
ha documentado ampliamente que el sistema judicial de Honduras está
plagado de corrupción. Jueces, fiscales y otros funcionarios están
relacionados con el crimen organizado y narcotraficantes, lo que
contribuye a la casi total impunidad;
(11)
El Departamento de Estado en su Informe del 2015 sobre los Derechos
Humanos en Honduras relata que “la corrupción, la intimidación y la
debilidad institucional del sistema judicial favorece la impunidad
generalizada”;
(12)
Resumiendo la situación, Human Rights Watch en el 2016 ha informado que
“el crimen descontrolado y la impunidad de las violaciones a los
derechos humanos siguen siendo la norma en Honduras […] Los esfuerzos
para reformar las instituciones responsables de proporcionar la
seguridad pública han logrado pocos avances. Dañados por la corrupción y
el abuso, el poder judicial y la policía siguen siendo en gran medida
ineficaz”;
a
pesar de la presión nacional e internacional el gobierno de Juan
Hernández no quiere nombrar una comisión internacional para que
investigue el caso
(13)
El 3 de marzo del 2016 asesinaron a la destacada activista indígena y
ecologista lenca, Berta Cáceres, de renombre mundial quien fuera
galardonada con el Premio Ambiental Goldman el 2015 a raíz de su trabajo
en defensa de los derechos indígenas a la tierra en contra de un
proyecto para una represa hidroeléctrica, lo cual ilustra la crisis de
derechos humanos en Honduras y la profunda complicidad del gobierno de
Honduras. Cáceres, la lideresa del COPINH, el Consejo Cívico de
Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, había informado a las
autoridades de 33 amenazas previas a su muerte, pero ninguna había sido
investigada, y el gobierno había fallado en proporcionar una protección
adecuada exigida por parte de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, como el hecho de que la protección de seguridad hondureña había
sido retirada el día de su muerte.
(14)
Se han detenido a cinco sospechosos en el asesinato de Cáceres, de los
cuales uno es un oficial del ejército y otros dos son militares en
retiro. Estas detenciones plantean serias dudas en cuanto al papel de
los militares hondureños en su asesinato, incluyendo la cadena de mando
dentro de las fuerzas armadas, así como la identidad de los verdaderos
autores intelectuales del asesinato;
(15) A
pesar de los llamados de sesenta y dos miembros del Congreso, los
familiares de Berta Cáceres, el COPINH, líderes de la Unión Europea, del
Consejo Pontificio del Vaticano sobre la Paz y la Justicia, entre
muchos otros, el gobierno de Honduras no ha permitido que la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos lleve a cabo una investigación
independiente del caso;
(16)
En este contexto de corrupción y abusos de derechos humanos con
impunidad, sindicalistas, periodistas, abogados, activistas
afro-indígenas, indígenas, campesinos y activistas LGBTI, defensores de
derechos humanos y gente que crítica al gobierno, permanecen en grave
riesgo; y los anteriores abusos de los derechos humanos en contra de
ellos permanecen en gran medida en la impunidad;
(17)
El 2 de mayo de 2016 fue balaceado el destacado periodista de la
oposición Félix Molina y el caso permanece en la impunidad, lo cual
ilustra el riesgo continuo para activistas. Horas antes de que le
dispararan, Molina había publicado información potencialmente vinculando
el caso de Cáceres a un alto funcionario del gobierno, a miembros de
una familia de la élite, y a uno de los fiscales en el caso;
(18)
La Ley de Asignaciones de 2016 asigna aproximadamente $18 millones para
la policía y las fuerzas militares de Honduras, además del
financiamiento no especificado proporcionado por la Ley Nacional de
Asignaciones para la Defensa del 2016; y la solicitud de financiamiento
del Presidente para el año fiscal 2017 pide un aumento en el
financiamiento a las fuerzas de seguridad en Honduras;
(19) El Banco Interamericano de Desarrollo en el 2012 prestó $59.8 millones a la policía hondureña, con el aval de los EE.UU.;
Sección
3. SUSPENSIÓN Y RESTRICCIONES DE LA AYUDA EN MATERIA DE SEGURIDAD A LA
REPÚBLICA DE HONDURAS A MENOS QUE SE CUMPLA CON CIERTAS CONDICIONES.
(a) LA SUSPENSIÓN DE LA AYUDA EN MATERIA DE SEGURIDAD — No se pueden
destinar fondos a la República de Honduras para la policía y ni las
fuerzas armadas, incluyendo fondos para equipo y entrenamiento.
(b) LOS PRÉSTAMOS DE BANCOS DE DESARROLLO MULTILATERALES — Se instruirá
al Departamento del Tesoro para que vote en contra de cualquier
préstamo para la policía y las fuerzas armadas de la República de
Honduras.
Sección 4. CONDICIONES PARA LEVANTAR LAS SUSPENSIONES Y RESTRICCIONES.
Las
disposiciones de esta Ley vencerán en la fecha en que el Departamento
de Estado determine y certifique a los comités pertinentes del Congreso
que el Gobierno de Honduras —
(1)
ha perseguido todas las vías jurídicas para llevar a cabo y obtener un
veredicto en contra de quienes ordenaron y ejecutaron —
(a) el asesinato de Berta Cáceres el 2 de marzo de 2016;
(b) el asesinato de más de 100 activistas campesinos en el Valle del Aguán
(c) los asesinatos de Joel Palacios Lino y Elvis Armando García el 27 de diciembre de 2015; y
(d) el atentado contra Félix Molina el 3 de mayo de 2016;
(2)
ha investigado y enjuiciado exitosamente a los miembros de las fuerzas
militares y de la policía sobre los que pesan sospechas fundadas de
haber violado a los derechos humanos, y además asegure que las fuerzas
armadas y la policía están cooperando en estos casos, y que han cesado
tales violaciones;
(3)
ha retirado las fuerzas militares de las tareas de la policía nacional,
de conformidad con la Constitución de Honduras, y se ha asegurado que
todas las funciones de la policía nacional se separen del mando y
control de las Fuerzas Armadas de Honduras, y que sean directamente
responsables ante la autoridad civil;
(4)
ha establecido que protege de manera efectiva los derechos de los
sindicalistas; periodistas; defensores de los derechos humanos;
activistas indígenas, afro-indígenas, campesinos y LGBTI; opositores del
gobierno; y otros activistas de la sociedad civil para que actúen sin
interferencias; y
(5)
ha tomado medidas efectivas para establecer plenamente el Estado de
derecho y para garantizar un sistema judicial que sea capaz de
investigar, enjuiciar y llevar a la justicia a miembros de la policía y
las fuerzas armadas que han cometido violaciones a los derechos humanos.
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