Ley “Bertha Cáceres” camino a la Unión Europea
Por: Javier Suazo
Más de 4 meses han transcurrido desde la fecha (2 de marzo de 2016) que
fue asesinada la líder ambientalista y de derechos humanos, Bertha
Cáceres. El gobierno de la República dio captura y puso a la orden de
los tribunales de justicia a los autores materiales del crimen, no así, y
esta es la percepción de la población hondureña y de organizaciones
defensoras de derechos humanos, a los autores intelectuales.
El
2 de mayo de 2016, el periodista defensor de derechos humanos y miembro
del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), Félix Molina, sufrió
un atentado que casi le cuesta la vida.
El
periodista había denunciado que detrás del atentado a la lideresa
indígena podrían estar involucrados los financiadores y directivos
ejecutivos de la Empresa Hidroeléctrica “Agua Zarca”. Y esta es quizá la
principal justificación para que defensores de derechos humanos y
ambientales pidan la profundización de las investigaciones sobre el
crimen, y a los órganos del Estado la captura de los responsables como
autores no visibles del mismo.
Los
familiares de Bertha Cáceres han pedido al gobierno de Honduras
permitir una Comisión independiente de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos para que investigue el caso, ya que dudan de la buena
fe y efectividad de los órganos del Estado coludidos en su mayor parte
con la corrupción y el narcotráfico. Igual llamamiento han expresado
altos funcionarios de la Unión Europea, la Embajada de EEUU, el Consejo
Pontificio del Vaticano sobre la Paz y la Justicia y connotados actores
de cine y líderes mundiales. Todavía no se ha recibido una respuesta
favorable, más bien se denuncia por los familiares la contaminación del
caso y la renuencia a permitir un conocimiento detallado de las
investigaciones por las organizaciones de derechos humanos.
El
14 de junio de 2016, frente a esta renuencia del gobierno de la
Republica, cuatro (4) congresistas demócratas presentaron a la Cámara de
Representantes en EEUU un proyecto de Ley denominado Ley Bertha Cáceres
“para suspender la cooperación militar y la ayuda en materia de
seguridad de Estados Unidos a Honduras hasta que cesen las violaciones
de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad y hasta
que los responsables de estas violaciones sean llevados ante la
justicia”. Solicitan que se investigue no solo el asesinato de Bertha
Cáceres y el atentado a Félix Molina, sino también los asesinatos de
Joel Palacios Lino y Elvis Armando García ligados a la comunidad
garífuna, y el asesinato de más de 100 activistas campesinos en el Valle
del Aguan. La ayuda del gobierno y pueblo de EEUU será reactivada,
solo si el gobierno hondureño enjuicia exitosamente a los militares y
policías involucrados en estos hechos, igualmente a los autores
intelectuales.
El poderío de los militares se incrementa cada día más.
La
aprobación de la Ley Bertha tendría un impacto directo en el
presupuesto de las FFAA y Policía Nacional de cerca de 25 millones de
dólares de ayuda y cooperación directa de EEUU, y cerca de 60 millones
de dólares de la banca multilateral, en especial del BID, donde EEUU
actúa como aval. Exige que el Ejército se retire de las tareas que
realiza la Policía Nacional tal como manda la Constitución de la
Republica, proteja los derechos de periodistas, sindicalistas,
campesinos, activistas de derechos humanos, afro-indígenas, LGBTI y
opositores al gobierno, y el restablecimiento del estado de derecho
depurando los órganos del Estado responsables de tanta corrupción,
impunidad y violaciones sistemáticas de derechos elementales del ser
humano como el derecho a la vida, participación y protesta pública.
Es
poco probable que esta Ley tenga la acogida deseada y sea aprobada, aun
cuando las evidencias e informes de organismos de derechos humanos
demuestran un relación directa y determinante entre el fortalecimiento
de las FFAA y Policía de Honduras y aumento de las violaciones de
derechos humanos y ambientales y negocios ilícitos producto del
narcotráfico. También se demuestra los altos niveles de corrupción e
impunidad de los órganos encargados de impartir justicia, los que se han
visto favorecidos con los recursos asignados por EEUU y la banca
multilateral a la traída reforma de la seguridad publica en Honduras,
donde todos los intentos han fracaso con un creciente desperdicio de
recursos financieros en un país cuyo pueblo sigue sumido en la pobreza
extrema, ignorancia y el caos político.
En
este fracaso destaca la liquidación de la Comisión de Reforma de la
Seguridad Pública (CRSP) y el eventual cierre de la Dirección de
Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP) que funciona
sin estructura operativa y presupuesto.
El
presidente Hernández denunció en Washington que organizaciones de
sociedad civil tergiversan información sobre la situación de los
derechos humanos en Honduras y la entregan a congresistas y senadores,
con lo cual le hacen mucho daño al país; sin embargo, la evidencia
empírica y los estudios realizados por instituciones u organizaciones de
derechos humanos internacionales documentan estas violaciones
sistemáticas donde se involucra a militares y policías.
Aunque
la Ley Bertha Cáceres no se mete con los fondos asignados al Plan
Alianza para la Prosperidad (PAP) ya que es una iniciativa de EEUU con
los presidentes del Triángulo Norte (patio trasero) de Centroamérica:
Honduras, Guatemala y el Salvador, por un monto inicial de 750 millones
de dólares, es evidente que hay una relación directa en los temas de
narcotráfico, seguridad regional y gobernabilidad democrática. Incluso
el vínculo también existe en el tema económico, donde se apuesta a la
generación de empleos productivos siendo una de las intervenciones
importantes la generación de energía eléctrica de fuentes renovables.
La
Ley “Bertha Cáceres”, aunque difícil de aprobarse en EEUU, ha prendido
las alarmas en Honduras donde se habla de una nueva legislación para
proteger en forma efectiva a los defensores de derechos humanos,
campesinos, indígenas, garífunas, periodistas, miembros de la comunidad
lésbica –gay y líderes de la oposición política hostigados por oponerse a
la reelección presidencial, pero también en los OFIs que observan como
miles de dólares son tirados al cesto de la basura cuando no se cumple
con los objetivos de la reforma de la seguridad pública y más bien se
fortalece la corrupción e impunidad dentro y fuera de los operadores de
justicia.
Las
alarmas también se han prendido en los países que conforman la UE, ya
que la práctica de violaciones sistemáticas de los derechos humanos,
ambientales, corrupción e impunidad es contraria a sus principios de
creación y a la ejecución de programas y proyectos orientados a promover
la gobernabilidad democrática en Honduras.
Es
por eso que se habla de una Ley “Bertha Cáceres” para Europa, que
incluso incorpore un principio de condicionalidad para la ayuda
bilateral otorgada a Honduras, sujeto a la protección de los derechos
humanos, logros sustanciales en materia de reducción de la corrupción e
impunidad y juzgamiento de militares y policías involucrados en estos
actos. Implica un proceso de depuración acelerada de los órganos del
Estado como la Fiscalía, Corte Suprema de Justicia, FFAA, Policía y
Tribunal de Cuentas.(Tomado de AmericaLatina en Movimiento)
http://criterio.hn/ley-bertha-caceres-camino-la-union-europea/
