La organización de Berta Cáceres hace esta denuncia a raíz de la
confesión de un militar infiltrado en el COPINH (Consejo Cívico de
Organizaciones Populares Indígenas de Honduras)
r
Llevaba unos diez años trabajando para el ejército hondureño
hasta que lo descubrieron, dos meses después del asesinato de Berta
Cáceres,
pasando información de activistas al gobierno de Juan Orlando
Hernández. En ese momento, formaba parte de la Guardia de Honor
presidencial de las Fuerzas Armadas de Honduras aunque llevaba un año
haciéndose pasar por campesino, defensor de los derechos del pueblo
lenca y activista contra el proyecto hidroeléctrico que la empresa DESA
pretende llevar a cabo en el municipio de La Esperanza, al oeste del
país centroamericano. "El orejas", como le llaman los miembros del
COPINH (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de
Honduras), participaba en las actividades de la organización que impulsó
Berta hace 23 años y que enfrenta medio centenar de proyectos de
multinacionales extractoras en territorio indígena lenca. Pero en
realidad se dedicaba a redactar informes sobre las acciones que planean
las organizaciones civiles y fotos de los defensores.
Según los documentos incautados en su teléfono móvil, los informes eran remitidos directamente a Casa Presidencial.
Cuando los líderes del COPINH se dan cuenta de que tienen un espía
entre sus filas, le interrogan. "El orejas" admite que trabaja para el
gobierno, niega saber quién está detrás del asesinato de Berta y
reconoce que la información que ha facilitado les ha podido costar la
vida a varios activistas. Desde el día en el que reconoció ser un
infiltrado, a principios de mayo, se desconoce su paradero.
Los defensores hondureños del medioambiente y derechos humanos aseguran que
las amenazas se han incrementado desde el asesinato de Berta.
Nelson García y Lesbia Janeth, ambos miembros del COPINH, han sido
asesinados en marzo y julio de este año respectivamente. El actual
coordinador de la organización, Tomás Gómez, ha sufrido tres ataques en
estos seis meses, uno de ellos fue a balazos contra su coche. Los
activistas creen que el hostigamiento constante y las amenazas directas
de policías y militares (además de las de sicarios y trabajadores de
multinacionales) forman parte de
una política de Estado contra
la lucha civil, con el objetivo de eliminar las protestas contra los
proyectos de las empresas extractoras.
Para los defensores del medioambiente, las
amenazas e incluso los asesinatos de activistas son una política de
Estado contra todos los que se oponen a los intereses económicos del
gobierno de Juan Orlando Hernández
Gustavo Castro,
el único testigo del asesinato de Berta, cuenta en declaraciones a la
SER que un desertor, del que no ha trascendido su nombre por seguridad,
reconoció a defensores hondureños que pertenecía a un escuadrón de élite
del ejército que manejaba una lista de objetivos. “Este escuadrón está
apoyado y financiado por Estados Unidos”, según el testimonio de esta
persona, dice Castro, “estos militares tenían que entrenar y que
reportarse en el cuartel y cada vez eran menos y menos los que
regresaban, iban poco a poco desertando, desapareciendo, entonces éste
decide huir. Y, efectivamente, cuando ve los nombres que están en la
lista de posibles asesinatos, confiesa que estaba el de Berta”.
En los informes que “el orejas” envía a Casa
Presidencial no solo aparecen datos del COPINH. También figuran otras
organizaciones sociales como la Organización Fraternal Negra Hondureña
(OFRANEH), el Movimiento Amplio Dignidad y Justicia (MADJ) o el
Movimiento 5 de Julio, entre ellas. OFRANEH, por ejemplo, se moviliza en
la costa Caribe de Honduras, territorio de la etnia garífuna, contra
proyectos hidroeléctricos, mineros o de producción de palma africana. Su
coordinadora, Miriam Miranda, asegura que el asesinato de Berta no es
un caso aislado. “En todo el país existe una gran represión contra las
comunidades que inicien cualquier protesta contra los intereses del
gobierno; inmediatamente son catalogadas como enemigas del Estado y es
el mismo ejecutivo el que nos criminaliza a través de sus aparatos
institucionales”. Miranda cree que tras el golpe de Estado en 2009,
Honduras se ha convertido en “un laboratorio político que ha sido
replicado en países como Paraguay o Brasil, donde se persigue a los
defensores de los territorios y los bienes comunes de la naturaleza”.
Miranda, al igual que los integrantes del COPINH, tiene medidas
cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tras
un intento de secuestro y asesinato en 2012. Pero asegura que “no
sirven un carajo porque el Estado no tiene una política de protección y
seguridad para los defensores de derechos humanos más allá de ponerles
un policía”. Y se pregunta, “¿cómo vamos a querer ir acompañados de
policías cuando en este país altos mandos de las fuerzas armadas están
involucrados en el crimen organizado y en los hostigamientos?”.
Honduras es uno de los países más peligrosos del mundo
para los activistas medioambientales y de derechos humanos. Desde 2009,
más de 110 defensores han sido asesinados en este país según la
organización Global Witness.
http://cadenaser.com/ser/2016/09/21/internacional/1474459608_019737.html
