Es hora de que Estados Unidos deje de financiar a los delincuentes en Honduras
Alrededor de la medianoche del 2 de marzo, la activista por los derechos de los indígenas y el medioambiente Berta Cáceres
fue asesinada por sicarios que entraron a su casa en La Esperanza,
Honduras. Llevaba tiempo luchando contra la tala de los bosques y había
sido amenazada en repetidas ocasiones por su oposición al proyecto
hidroeléctrico de Agua Zarca, uno de los más importantes de América
Central.
Su
madre, de 84 años, le dijo a una emisora de radio local: “No tengo
dudas de que ha sido asesinada por su lucha y de que el Ejército y la
empresa son los responsables. Estoy segura. El gobierno es responsable”.
El 21 de junio, The Guardian informó del testimonio de un soldado hondureño
que dijo que la unidad de élite a la que pertenece, con entrenamiento
de Estados Unidos, había recibido una lista de activistas a matar entre
los que estaba Berta Cáceres. (Dijo que había desertado del Ejército
antes que cumplir las órdenes que tenía). Desde entonces la policía ha
detenido a seis hombres en conexión con este crimen. Entre ellos, un
oficial en activo del Ejército y dos miembros retirados de las fuerzas
armadas, pero está por verse que se haga justicia.
Tuvo
que morir asesinada Berta Cáceres para que por fin se abriera un debate
público en Estados Unidos sobre la financiación que la administración
Obama ofrece a las peligrosas
fuerzas de seguridad de Honduras. El 14 de junio, el congresista Henry
Johnson, demócrata de Georgia, junto con otros congresistas, propuso la
Ley Berta Cáceres para los Derechos Humanos en Honduras, que reclama la
suspensión inmediata de ayuda a Honduras en lo relativo a la seguridad.
En respuesta, el gobierno ha tratado de justificar los motivos por los
que continúa apoyando a la policía y el Ejército de ese país a través de
una serie de iniciativas que son, en el mejor de los casos, débiles o
solo simbólicas, y en el peor, perjudiciales.
Después
del golpe de Estado que derrocó al presidente constitucional Manuel
Zelaya, Honduras ha degenerado hasta convertirse en un caos debido a la
corrupción en el gobierno, una criminalidad que no decrece y la
violencia generada por las pandillas. El presidente Juan Orlando
Hernández apoyó de manera decisiva el golpe y organizó la destitución de
varios miembros de la Corte Suprema de Justicia. Su campaña electoral
de 2013 y su partido recibieron dinero desfalcado de un fraude de 300
millones de dólares en el Instituto Hondureño del Seguro Social.
Durante
el tiempo que lleva en el cargo, Hernández ha creado una policía
militar con al menos 3000 hombres que, pasando por encima de la
constitución, ha asumido gran parte de la seguridad interna del país.
Las fuerzas de seguridad tienen una larga historia de violaciones de los
derechos humanos con una impunidad casi total. Associated Press ha
desvelado que en la policía existen escuadrones de la muerte y el
Ejército ha sido acusado del asesinato de campesinos y activistas en el
Valle del Aguán, en la costa caribe del país.
El
asesinato de Cáceres es solo parte de una letanía de asesinatos
políticos cometidos desde el golpe de 2009. Solo este año, según la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han sido asesinados al
menos ocho activistas. Las Naciones Unidas dijeron el mes pasado que
“Honduras se ha convertido en uno de los países más hostiles y
peligrosos para los defensores de los derechos humanos”.
La
ley sometida a la aprobación del congreso sigue a una serie de cartas
de senadores y congresistas al secretario de Estado, John Kerry, que
comenzó en 2010 y en las que se cuestiona el apoyo de Estados Unidos a
las fuerzas de seguridad de Honduras.
Los
seis representantes que presentaron la ley escribieron en The Guardian:
“Mientras Estados Unidos financie a las fuerzas de seguridad de
Honduras sin exigir justicia para quienes son amenazados, torturados y
asesinados, tenemos sangre en las manos”. El senador Patrick Leahy,
demócrata de Vermont, aprobó una norma el año pasado que hace que el 50
por ciento de la ayuda de 2016 esté condicionada a que el gobierno de
Honduras cumpla con ciertos requisitos respecto a los derechos humanos,
la corrupción y la impunidad. De todos modos, en años anteriores, el
Departamento de Estado ya había certificado que los fondos podían
ejecutarse pese a las pruebas de que ese tipo de condiciones impuestas
no se cumplían. Está por verse que hará el Departamento de Estado este
año.
La
administración del presidente Obama ha desoído las críticas y ha
propuesto un programa de “prevención de la violencia” como muestra de la
situación de seguridad en Honduras está mejorando gracias a la ayuda de
Estados Unidos. Pero que ese programa tenga éxito es cuestionable, no
hay ninguna muestra independiente de que la criminalidad haya descendido
en el país.
Durante
una visita a Honduras el mes pasado, escuché testimonios terribles
sobre el modo en que las pandillas desarrollan su control sobre las
comunidades, ejecutando a cualquier pequeño propietario que no pague su
“impuesto de guerra” o que se relacione con la policía. Además, la
financiación de Estados Unidos a la policía y el Ejército aumenta la
violencia, no la disminuye.
Una
comisión para la reforma policial acaba de despedir a varios oficiales
de la policía, pero esa comisión es leal al presidente Juan Orlando
Hernández. Ninguno de los policías despedidos tiene causa abierta ante
los tribunales y nada sugiere que sus sustitutos sean menos peligrosos.
El año pasado la población salió masivamente a las calles para exigir
una comisión de investigación independiente sobre la corrupción y la
impunidad, dirigida por las Naciones Unidas como la que funciona en
Guatemala. En respuesta a esa demanda, Estados Unidos ha apoyado la
Misión Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) pero es
débil y tiene poca autoridad.
Más
que continuar apoyando a un gobierno represor pagando salarios de sus
delincuentes, Estados Unidos debería suspender de inmediato cualquier
ayuda militar o policial a Honduras. Todo. También el dinero destinado a
entrenamiento y equipamiento. En vez de apoyar reformas cosméticas para
encubrir los abusos de las fuerzas de seguridad, la administración
Obama debería hacer algo para responder a las peticiones de una comisión
realmente independiente y con el apoyo de las Naciones Unidas que se
enfoque en la corrupción y la impunidad en Honduras.
Dana Frank es profesora de historia en la Universidad de
California en Santa Cruz. Su especialidad es el estudio de la política
de Estados Unidos en Honduras.
http://www.nytimes.com/es/2016/09/22/es-hora-de-que-estados-unidos-deje-de-financiar-a-los-delincuentes-en-honduras/
http://www.nytimes.com/es/2016/09/22/es-hora-de-que-estados-unidos-deje-de-financiar-a-los-delincuentes-en-honduras/
