El abogado Víctor Fernández, parte del equipo legal del Movimiento Amplio
#FueraDESA.
IMPORTANTE: El abogado Víctor Fernández, parte del equipo legal del
Movimiento Amplio quienes ejercen la representación legal de la Familia
Cáceres Flores y COPINH, indica que con
la presentación de la acción de inconstitucionalidad en contra de los
decretos 67-2011 y 68- 201 los cuales habilitaron al proyecto
hidroeléctrico Agua Zarca, han cumplido con el deber histórico de
mantener la oposición en los distintos espacios como ser el sector
justica, en contra de este proyecto que ha sido denominado por el pueblo
lenca como un proyecto de muerte.
Afirmó que el argumento de fondo radica en que ambos decretos violentan el Convenio 169 de la OIT y mediante la acción de inconstitucionalidad se busca que la sala de lo constitucional legisle en sentido negativo a través de la sentencia, es decir que, a través de la resolución deseable se salvaguarde los derechos del pueblo indígena lenca al retornarle la titularidad sobre el Río Gualcarque, que se les restituya el derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado y se garantice al pueblo lenca el poder de determinación de manera particular como pueblo indígena en relación a sus bienes o entorno, específicamente en este caso sobre el Río Gualcarque, el cual fue declarado como patrimonio lenca.
En segundo lugar, mediante una resolución favorable, la Sala de lo Constitucional estaría ejerciendo una especie de protección de los intereses generales de la sociedad hondureña frente a una posible acción ante instancias internacionales en contra del gobierno y Estado de Honduras en caso que este mantenga su decisión de quebrantar un convenio internacional como ser el Convenio 169 de la OIT el cual es parte del derecho interno de Honduras. Sin embargo, manifiesta el abogado Fernández, que como organización hermana del COPINH, mantienen el compromiso sostenido de acudir a todas las instancias necesarias para que este proyecto de muerte salga del territorio lenca y restituya todos los daños morales y sociales que ha provocado al pueblo indígena y procurar que se haga justicia en términos integrales de esta manera.
Afirmó que el argumento de fondo radica en que ambos decretos violentan el Convenio 169 de la OIT y mediante la acción de inconstitucionalidad se busca que la sala de lo constitucional legisle en sentido negativo a través de la sentencia, es decir que, a través de la resolución deseable se salvaguarde los derechos del pueblo indígena lenca al retornarle la titularidad sobre el Río Gualcarque, que se les restituya el derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado y se garantice al pueblo lenca el poder de determinación de manera particular como pueblo indígena en relación a sus bienes o entorno, específicamente en este caso sobre el Río Gualcarque, el cual fue declarado como patrimonio lenca.
En segundo lugar, mediante una resolución favorable, la Sala de lo Constitucional estaría ejerciendo una especie de protección de los intereses generales de la sociedad hondureña frente a una posible acción ante instancias internacionales en contra del gobierno y Estado de Honduras en caso que este mantenga su decisión de quebrantar un convenio internacional como ser el Convenio 169 de la OIT el cual es parte del derecho interno de Honduras. Sin embargo, manifiesta el abogado Fernández, que como organización hermana del COPINH, mantienen el compromiso sostenido de acudir a todas las instancias necesarias para que este proyecto de muerte salga del territorio lenca y restituya todos los daños morales y sociales que ha provocado al pueblo indígena y procurar que se haga justicia en términos integrales de esta manera.
