El Senador Leahy de los EEUU pide la cancelacion del Proyecto Agua Zarca y una comision independiente para investigar el asesinato de Berta Caceres
El
2 de marzo de 2017, el senador Patrick Leahy hizo una declaracion sobre
Berta Caceres en el Senado de los EEUU. Senador Leahy concluye que "el
proyecto Agua Zarca y otros similares sigan adelante ignorando las
objeciones de los pueblos indígenas cuyos medios de subsistencia y
culturas están intrínsecamente ligadas a los ríos que impactan, las
confrontaciones y la violencia continuarán. El gobierno hondureño, al
igual que otros gobiernos de la región, deben cambiar su manera de hacer
negocios en áreas en las que los derechos e intereses de los pueblos
indígenas han sido violados e ignorados. Dada su vergonzosa historia,
el proyecto Agua Zarca debería ser cancelado."
Ademas el senador declara que analiza la situacion de los 8 acusados por el asesinato de Berta y declara que "es
inconcebible para cualquiera que conozca Honduras que este indignante
crimen haya sido llevado acabo por estos individuos sin órdenes de
arriba" y hace un llamado para una comision independiente.
Su declaracion empieza con lo siguiente:
"Señor
Presidente, quiero llamar la atención del Senado sobre el hecho de que
ha transcurrido ya un año desde el asesinato de Berta Cáceres, una
renombrada activista indígena hondureña que dedicó — y finalmente entregó — su vida a defender la tierra, el agua y otros recursos naturales del pueblo lenca.
Luego de un intento inicial por parte de la policía hondureña — e incluso de algunos altos funcionarios — de
retratar falsamente el homicidio como un crimen pasional, una nada
infrecuente estrategia para encubrir la complicidad oficial en estos
casos, ocho hombres han sido arrestados incluyendo uno en servicio
activo y dos oficiales militares en retiro.
Aunque
funcionarios hondureños han negado cualquier participación del gobierno
en el asesinato de la Señora Cáceres y minimizado el arresto del Mayor
Mariano Díaz, presurosamente dado de baja del ejército, hay razones para
mantenerse escéptico.
Díaz,
un condecorado veterano de las Fuerzas Especiales, fue nombrado jefe de
inteligencia del ejército en 2015 y para el momento del asesinato se
encontraba, según informes, en proceso de ser promovido a teniente
coronel. Se afirma también que otro sospechoso, el teniente Douglas
Giovanny Bustillo, ingresó al ejército al mismo tiempo que Díaz. Los dos
sirvieron juntos y aparentemente mantuvieron contacto luego de que
Bustillo se retirara en 2008.
Es
particularmente inquietante y significativo que, según reportes de
prensa, tanto Bustillo como Díaz pudieron haber recibido entrenamiento
militar por parte de los Estados Unidos.
Un tercer sospechoso, el sargento Henry
Javier Hernández, fue francotirador de las fuerzas especiales que
trabajó bajo el mando de Díaz. También parece haber sido informante de
inteligencia militar luego de abandonar el ejército en 2013.
Según
reportes de prensa, el primer sargento Rodrigo Cruz, un ex oficial del
ejército que desertó luego de la muerte de Cáceres y permanece hasta hoy
escondido, afirmó que el alto mando del ejército hondureño entregó al
comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Xatruch, en la que se
encuentra la unidad a la que él pertenecía, una “lista negra” de
objetivos con nombres y fotografías de activistas a ser asesinados, y
que el nombre de Cáceres figuraba en esa lista. Esto suena muy parecido a
los escuadrones de la muerte de El Salvador durante los ochenta.
Cinco
civiles sin registro militar conocido también han sido detenidos. Entre
ellos se encuentra Sergio Rodríguez, un ejecutivo de la represa
hidroeléctrica Agua Zarca, a la que Berta Cáceres se opuso durante largo
tiempo.
Dicho
proyecto es liderado por Desarrollos Energéticos S.A. (Desa), con
financiación internacional y el decidido respaldo del gobierno
hondureño. De acuerdo con reportes de prensa, el presidente de la
compañía, Roberto David Castillo Mejía, es un antiguo oficial de
inteligencia militar y su secretario, Roberto Pacheco Reyes, un
ex-ministro de Justicia. Desa contrató al ex teniente Bustillo como jefe
de seguridad entre 2013 y 2015.
La
señora Cáceres reportó múltiples amenazas de muerte relacionadas con su
campaña contra la represa, incluyendo varias provenientes de empleados
de Desa. El gobierno hondureño ignoró en su mayoría sus pedidos de
protección, y Desa continua negando cualquier participación en su
asesinato.
Señor
presidente, es inconcebible para cualquiera que conozca Honduras que
este indignante crimen haya sido llevado acabo por estos individuos sin
órdenes de arriba. La pregunta es si la investigación identificará a los
autores intelectuales, cosa que casi nunca ocurre en Honduras. De
hecho, como Global Witness, el Departamento de Estado de los Estados
Unidos y otros han documentado, ha habido decenas de asesinatos de
activistas ambientales en Honduras que no han sido nunca investigados de
manera creíble y por los cuales nadie ha sido castigado."
La declaracion completa del Senador Leahy esta disponible en su pagina: https://www.leahy.senate.gov/
