Un año sin Berta Cáceres: España debe cumplir sus promesas sobre derechos humanos
A un año del asesinato de Berta Cáceres, el Estado español debe
cumplir con sus compromisos en materia de derechos humanos y apoyar de
manera contundente la labor de defensores y defensoras en Honduras
La noche del pasado 2 de marzo de
2016 [aunque hay versiones enfrentadas sobre si era ya en la madrugada
del día 3], unos hombres armados asesinaron en su casa a Berta Cáceres,
feminista, defensora del territorio y los bienes naturales y
coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas
de Honduras –COPINH– organización que, entre 2012 y 2016, ha enfrentado
el asesinato de al menos diez de sus integrantes*. La compañera Berta
fue asesinada tras años de amenazas y procesos de criminalización, pero
también tras años de enfrentar un contexto de violencia y discriminación
de género en un país donde cada 16 horas una mujer es asesinada.
El Relator Especial para los defensores y defensoras de derechos humanos de la ONU, Michel Forst, ha denunciado
que "Honduras se ha convertido en uno de los países más peligrosos del
mundo para los defensores de derechos humanos". Esta situación, agravada
tras el Golpe de Estado de 2009, afecta de manera particular a las
personas que defienden el territorio y los bienes naturales. Un reciente
informe de Global Witness documentó que "desde el golpe de Estado de
2009, 123 activistas de la tierra y el medio ambiente han sido
asesinadas en Honduras", según dicho informe:
"No hay ningún lugar del planeta en el que sea más probable morir
asesinado por protestar contra el expolio de tierra y la destrucción del
mundo natural que en Honduras".
Las mujeres defensoras son doblemente amenazadas
pues, además de oponerse a la violación de los derechos humanos de sus
pueblos y comunidades, cuestionan los estereotipos de género que
sancionan la participación política de las mujeres. Según datos de la
Iniciativa Mesoamericana de Defensoras, de las 1.688 agresiones a
mujeres defensoras de derechos humanos documentadas en El Salvador,
Guatemala, Honduras y México entre 2012 y 2014, el 37% respondían a
patrones de violencia de género.
El asesinato de
Berta Cáceres desató un clamor mundial contra el aumento de la violencia
que enfrentan las defensoras y los defensores de los derechos humanos y
alertó de las graves violaciones a los derechos humanos que se dan en
el contexto de trabajo de empresas privadas, a menudo acompañada de la complicidad o aquiescencia de los Estados e instituciones financieras internacionales.
En el Estado español, se movilizaron numerosas organizaciones de la
sociedad civil y se logró una denuncia unánime de las instituciones y
parlamentos, que incluyeron al Congreso de los Diputados, parlamentos y
gobiernos autonómicos de diferentes territorios, así como autoridades
municipales (Madrid, Zaragoza, Barcelona, Valencia, Donostia, Durango,
Ermua, etc.). Estas instituciones se comprometieron a exigir justicia
para Berta Cáceres y promover la protección de los y las defensoras de
derechos humanos en Honduras.
Las Proposiciones No de
Ley presentadas ante algunas de estas instancias fueron particularmente
importantes. Establecieron una serie de compromisos para la protección
de las personas defensoras y la urgente atención a las violaciones de
derechos humanos que empresas privadas están ocasionando en territorios
donde el Estado español tienen una importante agenda de inversiones y
cooperación.
En la Proposición No de Ley (PNL)
aprobada en el Congreso de los Diputados por unanimidad de los
diferentes grupos parlamentarios el 13 abril de 2016, se instó al
Gobierno a:
- Condenar la muerte de la defensora Berta Cáceres y la de otros y otras activistas.
- Poner a disposición de la República de Honduras todos los medios necesarios para esclarecer dicho asesinato y evitar la impunidad.
- Solicitar un informe a la Comisión de Expertos sobre la aplicación del Convenio 169.
- Generar o aplicar los instrumentos ya existentes para garantizar la protección del medio ambiente y los Derechos Humanos de las comunidades, en especial las comunidades indígenas, y adoptar un Plan renovado de Empresas y Derechos Humanos que promueva el cumplimiento de los derechos humanos en terceros países por parte de empresas de origen español.
El llamado que esta PNL hizo a las autoridades del Estado español se
multiplicó en diferentes territorios autonómicos. El Parlamento del País
Vasco, Galicia, Catalunya, Navarra, Murcia, Islas Canarias e Illes
Balears se sumaron a la denuncia del asesinato, la exigencia de justicia
y el impulso de los derechos humanos en Honduras.
En
la PNL del parlamento balear, por ejemplo, además de denunciar lo
ocurrido en Honduras, se expresó la preocupación por la situación
específica de las defensoras de derechos humanos en toda la región al
afirmar que: "…Ser defensora de derechos humanos y del medio ambiente en
Mesoamérica se ha convertido en un riesgo permanente que amenaza la
vida, la seguridad y el bienestar tanto de las defensoras de derechos
humanos como de sus compañeros, familiares y poblaciones con las que
trabajan…".
Honduras es un país prioritario del más reciente Plan Director de la Cooperación Española. Entre otros programas, ha establecido objetivos para
"combatir la impunidad de la corrupción y de los crímenes violentos, y
garantizar el acceso de la población hondureña a un sistema de justicia
eficiente, eficaz, transparente y confiable, promotor de equidad social"
a través del programa "Eurojusticia- Promoviendo una Justicia Rápida y
Accesible en Honduras", en el que el Estado español ha invertido la suma
de 550.000 euros a través de la Agencia Española de Cooperación para el
Desarrollo.
Pero, además, el Estado español es parte
de la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración
Económica (BCIE), el cual aportaba recursos para el desarrollo del
proyecto de Agua Zarca de la Empresa DESA, principal corporación señalada en el asesinato de la defensora Berta Cáceres y otros integrantes del COPINH.
Por todo lo anterior, el Estado español debe, de manera contundente,
instar al Gobierno de Honduras a llevar a cabo investigaciones
rigurosas, prontas y efectivas que generen sentencias firmes contra
todas aquellas personas personas involucradas (autores materiales,
intelectuales, cómplices...) en el asesinato de Berta Cáceres, y en los
asesinatos y otras formas de la violencia ejercidas contra defensoras y
defensores de derechos humanos en Honduras.
Además,
debe vigilar que las empresas españolas que invierten en Honduras y todo
América Latina respeten plenamente los derechos humanos y asegurar que
todo apoyo otorgado por el BCIE cumpla con el derecho de los pueblos a
la consulta previa, libre e informada y toda normativa proteja el medio
ambiente y los derechos de las comunidades. En materia de cooperación,
debe asegurar la coherencia de políticas, entre las comerciales y de
inversión y las de cooperación y derechos humanos, asegurando que dichas
políticas no contribuyan a generar ni profundizar situaciones de
desigualdad y violaciones a los derechos humanos., como es el caso de
las cuestionadas reformas al Código Penal, en proceso de aprobación,
que tienen el riesgo de fomentar la criminalización de la protesta
social y atentan contra los derechos de las mujeres.
A
un año del asesinato de Berta Cáceres, la sociedad civil del Estado
español se sumará al llamado del COPINH y la sociedad hondureña y
volverá a alzar la voz a través de diferentes actos para exigir que los
compromisos del Gobierno con los derechos humanos en Honduras sean
asumidos y se erradique de una vez por todas la violencia que está
arrebatando la vida de cientos de defensoras y defensores de derechos
humanos y alejando la posibilidad de una vida digna y justa en el país
centroamericano.
El análisis
expuesto en el presente artículo es resultado de un esfuerzo
colaborativo entre Brigadas Internacionales de Paz Estado español,
Calala Fondo de Mujeres, Front Line Defenders y JASS -Asociadas por lo
Justo-, y contó con la contribución de Entrepueblos y Mundubat.
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* Berta Cáceres, Santos Alberto Domínguez Benítes, Tomás García, Nelson
García, Lesbia Yaneth Urquía, Olayo Hernández Sorto, William Jacobo
Rodríguez, Moisés Durón Sánchez, Maycol Rodriguez, Irene Meza.
