Justicia de Honduras decide en tres días si dará continuidad al caso Berta Cáceres
La Justicia de Honduras decidirá en tres días si los cuatro imputados por el asesinato de la indígena Lenca y ex coordinadora general de Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), Berta Cáceres, asesinada en marzo de 2016, deben ir a juicio.
La determinación fue tomada este miércoles (7 de junio), durante la audiencia preliminar en la ciudad de Tegucigalpa, donde se formalizaron las acusaciones contra Mariano Díaz Chávez (Mayor de la Fuerzas Armadas), Sergio Rodríguez (Gerente Técnico y Ambiental de la empresa DESA), Douglas Bustillo (Exjefe de Seguridad de la empresa DESA) y Elvin Heriberto Rápalo (supuesto sicario).
“Nosotros estamos pidiendo que el caso siga la siguiente fase, donde los imputados deben ser llevados a juicio en una audiencia realizada públicamente. La defensa de los imputados, al contrario, sostiene que no hay pruebas, que son inocentes los acusados y entonces solicitan que se cierre el caso y que se pongan a los acusados en libertad”, explicó al final de la audiencia preliminar el abogado Víctor Fernández, quien es parte del equipo legal del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), representante judicial de la familia Cáceres y del COPINH.
Fernández sostiene que durante la audiencia volvió a cuestionar la acción del Ministerio Público del país en el caso. “En realidad estamos participando como acusadores privados, sin tener acceso a temas fundamentales de la investigación que está haciendo el Ministerio Público”.
En Honduras, solo con la investigación oficial del órgano se puede introducir el caso a un proceso penal. “La imputación que hay ahora por parte del Ministerio Público es insuficiente. No tiene ni siquiera la división de las responsabilidades en el crimen de cada una de las personas imputadas, ni claridad de cada uno de los hechos”, explica Berta Cáceres, hija de la indígena asesinada.
La acusación, con el objetivo de que se profundice las investigaciones imputa, además de asesinato y tentativa de asesinato, la calificación de asociación ilícita a tres de los acusados. “Nuestra lucha es por profundizar las investigaciones. Estas personas que están imputadas no sacaron el asesinato de la nada, sino que la acción es parte de un plan mayor de atacar el COPINH, que ya venimos experimentando desde hace mucho tiempo y que se agudizó con las manifestaciones contra los proyectos hidroeléctricos en territorio lenca, y en específico el proyecto de Agua Zarca, de la empresa DESA”, dice Berta.
“Lo que pedimos a la Justicia es que amplié la imputación para que se muestre que el asesinato forma parte de un plan de ataque que ya venía siendo diseñado por la empresa DESA. Y sabemos que hay participación de agentes del Estado que hicieron la persecución, investigación y monitoreo de donde ella se movía”, añade la hija de Berta.
Irregularidades
La defensa de Berta Cáceres suma una lista de problemas, irregularidades y negligencias con las que el MP lleva el caso. Algunas de ellas:
1. Falta de indagación en el primer termino de las líneas de investigación relacionadas al trabajo organizativo de Berta Cáceres.
2. El interés de tergiversar en primera instancia el asesinato.
3. Los intentos de involucrar de manera inescrupulosa a miembros del COPINH en el asesinato.
4. La falta de investigación en líneas que conduzcan a la detención de los autores intelectuales.
5. La negligencia en la investigación a la empresa DESA evidentemente vinculada al asesinato por las amenazas a muertes contra nuestra compañera y organización.
6. El establecimiento ilegal e ilegítimo para las víctimas en la investigación.
7. La ausencia de una investigación e imputaciones mínimamente responsables hacia las personas actualmente detenidas.
8. Los evidentes conflictos de interés entre las estructuras de investigación, el ejército hondureño y la empresa DESA.
9. La ausencia de una necesaria perspectiva de pueblos indígenas y de género en la investigación.
10. La carencia absoluta de profesionalidad en la investigación en el cumplimiento de estándares básicos que quedó evidenciado en el robo de expediente.
11. La acusación ha solicitado al MP, entre otras cosas, la entrega de los resultados de los análisis efectuados a las evidencias encontradas en los allanamientos y registros practicados a las oficinas de la empresa DESA y a la vivienda de varios de los imputados.
Incomodados
Los abogados de los acusados manifestaron durante la audiencia, según Berta, que les incomoda la presión que ha sido hecha en nivel nacional e internacional sobre el caso. “Nosotros les contestamos que vamos a seguir molestándoles. Este caso no se va a resolver simplemente con la cuestión judicial. Las instituciones no garantizan nada. Será garantizado con nuestra presión política”, dijo ella.
Muertes
Entre el año 2010 y 2016 fueron asesinados 123 defensores(as) del territorio tan sólo en Honduras, donde la tasa de impunidad se eleva al 96%.
http://avispa.org/2017/06/08/2958/
