El homicidio de Berta Cáceres sugiere una trama de complicidad con el gobierno hondureño
CIUDAD
DE MÉXICO – Era casi la medianoche cuando dos hombres patearon la
puerta de entrada a la casa de Berta Cáceres en La Esperanza, su pequeño
pueblo en Honduras. Pasaron por la cocina; uno de ellos abrió la puerta
de la habitación y disparó seis veces. Cáceres murió poco más tarde.
En un país donde la lucha por proteger el derecho a la tierra provoca venganzas violentas, el asesinato en marzo de 2016 de la defensora del medioambiente podría haberse simplemente perdido entre el oscuro conteo de víctimas lamentables.
Sin embargo, Cáceres, de 44 años, era reconocida a nivel internacional por liderar
a su comunidad indígena lenca en contra de una presa que una empresa
planeaba construir en sus tierras. Su fama transformó su asesinato en un
crimen emblemático y convirtió a la investigación que le siguió en un
desafío a la arraigada impunidad de los poderosos en Honduras.
A
veinte meses de su asesinato, un equipo internacional de cinco abogados
ha advertido que la gente que ordenó el asesinato podría no enfrentar
nunca a la justicia.
La
evidencia, según los abogados, apunta a una conspiración en contra de
Cáceres que llevó meses de planeación y provino de los altos ejecutivos
de Desarrollos Energéticos, conocida como Desa, la empresa hondureña con
la concesión para la presa.
“La
prueba existente es concluyente respecto de la participación de
numerosos agentes estatales, altos directivos y empleados de Desa en la
planeación, ejecución y encubrimiento del asesinato”, dicen los abogados
en un informe. “Sin embargo, el ministerio público no ha realizado imputaciones respecto de estas personas”.
Desa ha negado en repetidas ocasiones
cualquier participación en la muerte de Cáceres o algún nexo con
“cualquier acto de violencia o intimidación en contra de cualquier
persona”.
Roxanna Altholz, integrante de un grupo de abogados que revisa la investigación
Hay ocho sospechosos detenidos,
incluyendo a Sergio Rodríguez Orellana, el gerente de asuntos
comunitarios y medioambientales de Desa, y Douglas Geovanny Bustillo, un
teniente retirado del ejército hondureño que fue el director de
seguridad de Desa hasta mediados de 2015.
“Lo
que falta es procesar a las personas que contrataron a Bustillo para
planificar la operación”, dijo Miguel Ángel Urbina Martínez, uno de los
abogados que revisa el caso a petición de la familia de Cáceres. El informe de los expertos fue publicado el 31 de octubre (The New York Times obtuvo una copia previa).
La
investigación del gobierno, realizada por una unidad de élite de la
Procuraduría General de la República de Honduras, todavía está abierta,
aunque el grupo de abogados dice que no hay señales de que haya
progresado más allá de los sospechosos actuales.
Entre
los integrantes del equipo de investigación hondureño están dos
asesores estadounidenses (un detective de homicidios retirado y un
antiguo fiscal federal) que han estado trabajando con las autoridades
desde los primeros días de las pesquisas, como parte de un esfuerzo de
la Embajada de Estados Unidos por presionar al gobierno del presidente Juan Orlando Hernández para que se resuelvan casos criminales de alto perfil.
Muchos de estos involucran la participación de grupos poderosos que, según críticos, operan fuera de la ley.
“El
gran desafío de Honduras es desmontar las fuerzas paralelas a las
instituciones del Estado”, dijo Urbina, un experto en justicia criminal
guatemalteco y asesor de la reforma judicial.
Para
elaborar el informe, el grupo de Urbina analizó aproximadamente 40.000
páginas con mensajes de texto transcritos, que los investigadores del
gobierno hondureño recuperaron a partir de tres teléfonos celulares, uno
requisado en las oficinas de Desa y dos usados por Rodríguez y
Bustillo.
De
acuerdo con el informe, los mensajes muestran que los dos hombres
estuvieron en contacto frecuente con tres altos ejecutivos en Desa
mientras monitoreaban los movimientos de Cáceres y otros miembros de su
organización, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas
de Honduras, o Copinh.
Los
abogados dicen que las conversaciones revelan que las órdenes de
amenazar al Copinh y sabotear sus protestas provenían de ejecutivos de
Desa que estaban en control de las fuerzas de seguridad en el área;
daban instrucciones y pagaban la comida, el alojamiento y el equipo de
radio de las unidades policiacas.
“Había
una estructura criminal formada por ejecutivos y empleados de la
compañía, agentes del Estado y pandillas criminales que recurrían a la
violencia, las amenazas y la intimidación”, dijo Roxanna Altholz,
directora asociada de la Clínica de Leyes de Derechos Humanos de la
Universidad de California en Berkeley y una de las integrantes del grupo
de abogados.
Los
otros miembros del equipo legal son un exfiscal de crímenes de guerra,
Dan Saxon, y dos fiscales colombianos que han lidiado con casos de
derechos humanos, Jorge E. Molano Rodríguez y Liliana María Uribe
Tirado. Han estado trabajando en el caso durante un año y han realizado
varios viajes a Honduras para hacer entrevistas y revisar material del
caso.
Bertha
Zúñiga, hija de Cáceres, escogió a los abogados a partir de
recomendaciones del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional,
una organización latinoamericana de defensa de los derechos humanos.
Los
mensajes de texto fueron entregados a la familia de Cáceres en mayo
pasado por órdenes de un juez después de que los fiscales hondureños
cancelaron cuatro citas para compartir sus hallazgos.
Altholz
dijo que una de las preguntas que han surgido de su investigación es
por qué la procuraduría, que requisó los teléfonos en abril y mayo de
2016, no actuó a partir de “la calidad y la cantidad de información” que
“había tenido en su posesión durante el último año y medio”.
Un vocero de la procuraduría dijo que no podía hacer comentarios inmediatos.
Para
la hija de Cáceres, el contenido de los mensajes demuestra que los
ejecutivos de Desa se sentían intocables. “Estaban tan confiados de su
impunidad que hablaban abiertamente”, dijo Zúñiga.
La
empresa ha salido en defensa de su empleado, Rodríguez, el gerente de
asuntos ambientales. Es “un hombre de familia, honesto y trabajador,
quien en este momento está injustamente privado de su libertad”, señaló
la división de presas de Desa, Hidroeléctrica Agua Zarca, en un correo
electrónico que no fue firmado por alguien en particular. La empresa
“confía plenamente también en la inocencia del Sr. Rodríguez”.
Desa
obtuvo la concesión para construir una presa en el río Gualcarque, al
oeste de Honduras, en 2009. Por ley, la empresa debía consultar con la
comunidad lenca, pero el Copinh se opuso al proyecto desde el principio
con el argumento de que la presa pondría en peligro los recursos
acuíferos y la forma de vida de la comunidad.
La empresa incluso fue establecida de manera extraña, señaló Juan Jiménez Mayor, jefe de MACCIH,
una comisión para combatir la corrupción en Honduras respaldada por la
Organización de Estados Americanos: Desa contaba con un capital de solo
1200 dólares cuando obtuvo la concesión de la presa, junto con los
permisos de operación, los derechos al agua y un contrato para vender
electricidad a la paraestatal de energía eléctrica.
En
2011, miembros de la familia Atala Zablah, una de las más influyentes
en Honduras, inyectaron millones de dólares a la empresa y se unieron a
la junta directiva. La comisión de Jiménez ha empezado a investigar los contratos de Desa, una acción que ha generado enojo entre grupos empresariales hondureños.
Copinh
luchó en contra de la presa por distintos frentes. Presentó litigios,
realizó reuniones comunitarias y sometió el caso ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, que ordenó al gobierno hondureño tomar medidas para proteger
a Cáceres. Ella había recibido amenazas de muerte y sabía que eran
serias: cuatro miembros del Copinh fueron asesinados en 2013 y 2014.
En 2015, Cáceres ganó el Premio Medioambiental Goldman, que se otorga a líderes ambientalistas comunitarios, pero eso no fue suficiente para protegerla.
En
noviembre de 2015, de acuerdo con el informe de los abogados, el
exdirector de seguridad Bustillo se reunió con un alto ejecutivo de
Desa. En enero, visitó La Esperanza y luego obtuvo una pistola mediante
Mariano Díaz Chávez, un antiguo oficial de las fuerzas especiales
hondureñas a quien se acusa de organizar el grupo de choque que asesinó a
Cáceres.
De
acuerdo con los abogados, se había planeado un intento de asesinato
contra Cáceres para principios de febrero, pero se canceló.
“Misión abortada hoy”, le escribió Bustillo a un ejecutivo de Desa. “Ayer no se pudo”.
El informe no nombra a los ejecutivos de Desa, porque las autoridades hondureñas no han presentado cargos en su contra.
Bustillo
regresó a La Esperanza durante varios días a finales de febrero y
arregló una reunión con el mismo empresario para el 2 de marzo.
Después
del asesinato, Rodríguez, el gerente de medioambiente detenido, reenvió
detalles del informe de la escena del crimen que la policía había
proporcionado a uno de los ejecutivos de la empresa.
“Sergio,
relájate”, le respondió a Rodríguez otro ejecutivo por medio de
WhatsApp unos días después. “Todo va a salir bien, ya vas a ver. No
caigas en pánico, que lo vas a trasladar a otra gente”.
Una versión anterior de este artículo se refería de manera
incorrecta a los inversores en el proyecto de represa. Se trata de
miembros de la familia Atala Zablah, y no "la familia Atala", como
estaba consignado (ningún miembro de la familia Atala Faraj ha sido
inversionista en Desa o el proyecto Agua Zarca).
https://www.nytimes.com/es/2017/10/30/berta-caceres-homicidio-desa-investigacion-honduras/?smid=fb-espanol&smtyp=cur
https://www.nytimes.com/es/2017/10/30/berta-caceres-homicidio-desa-investigacion-honduras/?smid=fb-espanol&smtyp=cur
